Tribunales
Nuevo revés de la Fiscalía Anticorrupción a la juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños
El Ministerio Público recurre un auto por el que cita como testigos a altos cargos que deben declarar como «investigados»
A. R. V.
La Fiscalía Anticorrupción discrepa cada vez de manera más clara de la investigación de la juez María Núñez Bolaños en el caso de los ERE fraudulentos. Los fiscales delegados han interpuesto un recurso de reforma para modificar un auto dictado por la magistrada por el ... que citaba a dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía en calidad de testigos en lugar de llamarlos a declarar como investigados (actual denominación de imputados), como defiende el Ministerio Público. Deben declarar en una pieza separada del caso, centrada en las ayudas concedidas a la empresa Confecciones del Sur S.A. para llevar a cabo dos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en 2004 y 2006.
En el escrito al que ha tenido acceso ABC, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Francisco Sánchez Mellado cuestionan que Núñez requiera la comparecencia en el juzgado de dos exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera en calidad de testigos a pesar de que «del contenido de lo actuado hasta el momento resultan indicios suficientes de presunta participación en los hechos que aquí son objeto de investigación».
«Ante la probabilidad cierta de que a ambos se les puedan hacer preguntas de contenido incriminatorio, no se les debe traer a este procedimiento para ser oídos en calidad de tstigos pues, en tal condición, podrían verse obligados a contestar preguntas que les puedan perjudicar », argumenta el Ministerio Público en este escrito notificado a las partes.
La Fiscalía tampoco comparte que la instructora cite como testigo a José María S.C., en su condición de director de personal del Grupo Cortefiel, porque, a su juicio, «participó activamente en la negociación con el titular de la Dirección General de Trabajo» sobre la contribución de la Administración autonómica a la financiación de los compromisos adquiridos por la empresa como consecuencia de dos ERTE, « conociendo que esa aportación pública se iba a hacer de manera ilícita ». También está citado a declarar, pero en calidad de investigado, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
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