Listas de espera maquilladas en el SAS y 2.244 millones de euros sin gastar

La denostada herencia recibida tiene, por el momento, varios datos concretos que son reveladores. El más escandaloso ha sido el fraude de las listas de espera sanitarias. En Andalucía hay 843.538 andaluces en lista de espera sanitaria , una cifra muy elevada que revela, además, que había 506.408 andaluces en espera de una intervención quirúrgica o de una cita médica pero que no estaban contabilizados en las estadísticas oficiales del SAS.

Es decir, que estaban esperando atención sanitaria pero no constaban en los listados oficiales, si bien el SAS sí que los tenía perfectamente metidos en el sistema. Estos más de quinientos mil andaluces ocultos están a la espera de una operación quirúrgica —hay quien lleva más de un año sin que lo hayan llamado— o de una prueba diagnóstica. Para el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos se trata de un «verdadero escándalo» y una «vergüenza» mientras que los socialistas arguyen que se seguían los protocolos estadísticos marcados por el Ministerio de Salud.

A estos datos se unen los problemas en la aplicación de la Ley de Dependencia donde también había un importante colapso que también ha aflorado. Las listas de espera oficiales de la Dependencia ocultaban a 35.315 andaluces que «no estaban contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente».

Pero este dato oculto no debe tapar la realidad de los andaluces que están pasando por dificultades ya que hay 110.447 personas esperando a recibir las prestaciones y ayudas a las que tienen derecho. Lo más grave es que de estos andaluces, 8.144 son grandes dependientes lo que significa que necesitan asistencia 24 horas al día pero están en sus casas siendo atendidos por sus familias con los medios que tengan a su alcance y sin la cobertura del Estado del Bienestar.

El mantra del nuevo Gobierno andaluz de PPy Cs pasa por repetir que no es necesario recaudar más —por eso han bajado los impuestos— sino gastar mejor. Y como dato, el portavoz ha desvelado que sólo en 2018 el Ejecutivo de Susana Díaz dejó en el cajón 2.244 millones de euros, una cantidad que equivale al 1,4 por ciento del PIB.

Lo más llamativo de estos fondos que no se gastaron es que la mayoría de ellos corresponden a la Consejería de Empleo, a pesar de que Andalucía es una de las regiones de Europa con mayores índices de desempleo y la que más paro soporta de toda España. Sólo durante el último año, la Junta dejó de ejecutar 909 millones de euros en este capítulo, exactamente la mitad de lo previsto para Empleo.

Hay otro dato que también ha aflorado en los casi tres meses del nuevo Gobierno andaluz. La Consejería de Medio Ambiente no ha gastado el 80% del denominado canon del agua, un impuesto que todos los andaluces pagan en su factura y que es finalista, por lo que sólo puede utilizarse para invertir en depuración y en el ciclo integral del agua. Durante los años 2011 y 2018, el Ejecutivo socialista recaudó 730 millones por este impuesto pero no gastó 511 millones a pesar de que la Unión Europea ya ha advertido a España en varias ocasiones de defectos en la depuración y, además, ha impuesto multas por no atender a estos requerimientos que, además, atentan contra el Medio Ambiente y contaminan. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha denunciado esta situación como consecuencia de una gestión «de brazos caídos» de los anteriores gestores dirigidos por Susana Díaz.

La administración no sólo no ha gastado sino que, además, no cobra a sus morosos y tampoco paga lo que debe, por lo que todos los días se reciben notificaciones de embargo por diversos motivos. Así, la Hacienda pública autonómica reclama 3.400 millones de euros en impuestos y tributos además de otros 2.000 millones de euros en ayudas y subvenciones que no debieron entregarse a terceros y de los cuales 900 millones ya se han perdido definitivamente.

A esta situación económica hay que sumar un capítulo de gastos que asciende a 762 millones de euros según los cálculos del nuevo Gobierno andaluz. Se trata de condenas por sentencias judiciales que hay que abonar y a las que hay que sumar otros 214 millones de euros de nuevas condenas a la Junta que están ya previstas.

Por otro lado, el Gobierno andaluz ha acordado la disolución de la Fundación Mediara, que contaba con una directora y un técnico y el Consorcio Guadalquivir, creado por el Gobierno de José Antonio Griñán con el objetivo de dinamizar socioeconómicamente los municipios ribereños del río Guadalquivir y de su principal afluente, el Genil. En ocho años sólo registró una actividad: su fiesta de inauguración, que costó 250.000 euros. El Ejecutivo también acordó la liquidación definitiva de unos 84 consorcios de UTEDLT , entidades participadas por el Servicio Andaluz de Empleo y las corporaciones municipales y supramunicipales.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, denunció, nada más aterrizar en su departamento que había un importante agujero económico de 579 millones de euros de traspasos pendientes sin presupuestar, además de una importante deuda de más de mil millones de euros en las agencias públicas dependientes de este departamento.

Con todo, el principal problema no sólo afecta a la Consejería de Fomento sino, sobre todo, a los ayuntamientos. En las dependencias de esta consejería hay pendientes 300 planes generales de ordenación urbana , PGOU, que han estado atascados por falta de diligencia. Los ayuntamientos no tienen el permiso necesario de la Junta para su aprobación lo que los frena en su tramitación.