La Junta dio 3,6 millones de los ERE a un exalcalde del PSOE para la fusión de dos de sus empresas

Estas cantidades no fueron las únicas recibidas por el entramado empresarial que Rodríguez de la Borbolla tenía montado en la Sierra Norte de Sevilla , pues el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero , el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández y el titular de este departamento José Antonio Viera, todos condenados a más de siete años de cárcel en la causa política de los ERE, atendieron las peticiones del ex primer edil del PSOE y le concedieron hasta 8,4 millones de euros del dinero destinado para los desempleados andaluces.

Por estos hechos, el juez José Ignacio Vilaplana, instructor de la causa de los ERE durante la baja por enfermedad de la juez María Núñez Bolaños , cuya actuación está siendo inspeccionada por el Consejo General del Poder Judicial , ha procesado a Ángel Rodríguez de la Borbolla y el actual alcalde del municipio, Sotero Martín, así como a cuatro personas más, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Para Rodríguez de la Borbolla, la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de prisión y para el primer edil socialista de Cazalla, seis años.

En el escrito de acusación del Ministerio Público , al que ha tenido acceso este periódico y en el que vuelve a señalar el sistema fraudulento usado por la Junta de Andalucía en la etapa socialista para la concesión de las ayudas de los ERE , se desglosa las millonarias subvenciones dadas por la Consejería de Empleo a cinco empresas vinculadas a Rodríguez de la Borbolla .

Pero sobre todos los acuerdos de la Dirección General de Trabajo, con Guerrero al frente, y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), primero, y la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), destacan los cuatro firmados por el propio Guerrero con dos sociedades del principal acusado en esta pieza separada de los ERE. En 2001 concedió a dos empresas de Rodríguez de la Borbolla 1,2 millones de euros para «la fusión definitiva» de estas sociedades.

Tres años después volvía a firmar otro convenio para el mismo fin y otra vez con las dos empresas al mismo tiempo. Fueron 800.000 euros para cada una. En total, los gobiernos socialistas de la Junta concedieron 3,6 millones de euros para una fusión empresarial «que nunca se produjo» , según la Fiscalía.