El expresidente andaluz Griñán acusa al interventor de incriminarle buscando la benevolencia del tribunal

El turno del abogado José María Mohedano , que ha comenzado su intervención pidiendo una sentencia absolutoria para su defendido, ha acusado al interventor de intentar incriminarle buscando la benevolencia de la Fiscalía a cambio de servir de prueba de cargo contra Griñán. En este sentido, el abogado, que ha comenzado sobre las 5.30 de la tarde, ha denunciado la vulneración del principio acusatorio en la que, a su juicio, incurrió la Fiscalía en su Informe del pasado día 6 de noviembre por acusar y condenar por un hecho diferente del que no ha existido antes posibilidad de defenderse en referencia al testimonio del exinterventor, Manuel Gómez ante el Tribunal Supremo.

Según Mohedano, el nuevo relato, basado en el testimonio del interventor, «adolece de indeterminación y falta de concreción que vulnera el principio acusatorio y el derecho del acusado a ser informado de la acusación, sin lo cual no se satisfacen las exigencias del derecho a un proceso con todas las garantías». Y ha recalcado que la única prueba de cargo «ha estado al servicio exclusivo de una de las partes, la que sostenía la pretensión punitiva»,

Mohedano ha recordado que Gómez s e negó a responder a las preguntas del abogado de Griñán por lo que el testimonio no pudo ser sometido a contradicción por parte del acusado, cuya defensa se vio privada de la posibilidad de preguntar a quién declaraba en su contra. Solo declaró al Fiscal, a la Acusación Popular y a algunas preguntas de instructor del Tribunal Supremo.

En este sentido Mohedano ha alertado del peligro de utilizar un testimonio parcial y que la acusación no puede basarse en el testimonio de una persona que no ha podido ser interrogada y que «no se sabe si iba buscando hacerse beneficiario de una posición más benevolente».

Por lo demás el abogado ha sostenido una misma línea, cuando Griñan llegó a la Consejería de Hacienda en el año 2004, las transferencias de financiación ya figuraban en el estado de gastos de la Consejería de Empleo . Habían aparecido en los sucesivos años 2002, 2003 y 2004. Lo que significaba que el programa 31-L, conocido como «fondo de reptiles», estaba consolidado desde el año 2002. Y en que el entonces consejero no recibió el informe adicional de la Intervención y éste tampoco incluía ninguna línea de actuario porque no se apreció menoscabo de fondos públicos. «Mi defendido no pudo ser responsable ni de aquello que no se puso en su conocimiento ni tampoco conoció por otros medios».

Mohedano, cuya intervención se extenderá también durante la jornada del miércoles, ha aclarado que ni el programa 31-L ni las transferencias de financiación, que habían sido aprobados en las tres leyes anteriores, fueron destacados en las memorias de presupuestos de 2005 ya que tenían vigencia desde 2002 y tampoco se le reprochó por la Cámara de Cuentas ni por otro órgano. Por ello ha insistido en que «no pudo ser responsable de ninguna manera ni de aquello que no se puso en su conocimiento ni conoció, ni pudo conocer por otros medios». Y que hay «una desmesura que refleja una falta de prueba absoluta».

En este sentido, el letrado ha recordado que las acusaciones parten del supuesto de que Griñan tuvo conocimiento del informe adicional de la Intervención. Sin embargo, ha recordado que éste informe se le remitió a la viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, pero nunca al consejero. «Ni se le envía ni se le traslada al consejero», ha recalcado . Mohedano ha recordado que Martínez Aguayo, declaró que, en ningún momento le hizo llegar al Consejero el informe adicional ni le habló de su contenido dado que no se proponía actuación alguna de aquel, ni de la Consejería. El abogado ha leído textualmente declaraciones de la exconsejera Aguayo cuando dijo que en ningún momento pensó que debiera trasladar ese informe al entonces consejero porque no se requería ninguna actuación.

Y también ha incidido en que tanto ese informe como otros no se comunicaban hechos ilegales o presuntamente delictivos , no se apreciaba riesgo de menoscabo de fondos públicos y la Intervención no proponía a la Consejería ningún tipo de actuación.

Según ha recalcado, en el registro general del departamento de Economía y Hacienda tampoco existe constancia alguna de la entrada de documentos dirigidos al Consejero sobre los Informes de Cumplimiento de Control Financiero Permanente.

Mohedano ha resaltado que ese informe se refería a un análisis de la ejecución del Programa 31L en 2003; es decir, en el ejercicio anterior a la incorporación a la Junta de Andalucía del Consejero de Hacienda José Antonio Griñán y sin que con posterioridad a este Informe de 2003 se volvieran nunca a investigar o a cotejar expedientes correspondientes a los ejercicios 2004 y siguientes. En la misma línea ha recalcado que el informe adicional se está refiriendo a expedientes de 2003 , legislatura previa a la de la incorporación de Griñán a la Consejería.

Y que el Interventor General de la Junta de Andalucía ordenó al Interventor Delegado en la Consejería de Empleo una retención de crédito del Programa 31L sin que entonces, ni posteriormente, el Interventor del Control Financiero Permanente o el Interventor General informaran al consejero de Hacienda del contenido del informe.

«¿Cómo es posible que si ese Informe era tan importante para el Consejero de Hacienda no sólo no se emitiera informe de actuación si no que ni siquiera le remitiera es Informe de alcance desconocido sin proponer ninguna actuación y sí se lo enviara a otras dos Consejerías?», se ha preguntado el letrado.

Además ha recalcado que, tras el análisis de veinte expedientes del Programa 31L, la Intervención no volvió a examinar en los siguientes ejercicios más expedientes de dicho programa. Y también que todos los interventores han declarado que no detectaron no ya menoscabo o responsabilidad contable, sino riesgo de menoscabo.

«Está demostrado que el Consejero José Antonio Griñán no pudo conocer nada ilegal porque en ninguno de los Informes de Control Financiero Permanente se denunciaban actuaciones ilegales y por tanto no le fueron trasladados dichos informes».

El abogado ha cuestionado el hecho de que pese a que no constaban datos indiciarios incriminatorios contra Griñán por el delito de malversación, las acusaciones no han solicitado la práctica de ninguna diligencia de prueba dirigida a investigar la participación del expresidente en un delito de malversación.

«¿Qué situación de emergencia podría detectar el Consejero si el propio Fiscal considera evasivos y ambiguos los Informes de la Intervención? Si el propio Fiscal considera que la Intervención no utilizó mecanismos para impedir el procedimiento, si está demostrado que nunca recibió el Informe Adicional, que nunca fue informado del mismo, que nunca se le informó por los Interventores Actuantes o por el Interventor General de riesgo de menoscabo o de menoscabo efectivo de fondos públicos». El juicio continua este miércoles.