El juez no ve delito pero sí «omisión del socorro» en las listas de espera del SAS en Andalucía

En un auto fechado el pasado día 14 de noviembre y dado a conocer este sábado por la propia asociación denunciante, el juez acuerda incoar diligencias previas al hilo de esta denuncia , pero, «al mismo tiempo, se decreta su sobreseimiento provisional».

El juez entiende que, «atendida la naturaleza y circunstancia» de los hechos denunciados --omisión de deber de socorro-- «es procedente incoar diligencias previas», pero «se debe acordar el sobreseimiento provisional» de las mismas «al no estar debidamente justificada la perpetración de un delito ».

Contra esta resolución cabe interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación ante el citado juzgado sevillano , y tras ello podrá interponerse un recurso de apelación, según se detalla en el auto, consultado por Europa Press.

Tras conocer este auto, El Defensor del Paciente ha anunciado que remitirá al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla «los casos que demuestran el porqué de la denuncia por omisión del deber de socorro e inacción de los poderes públicos en las listas de espera, obligados a proteger a los ciudadanos en su salud y en su vida de forma rápida para ésta no sea puesta en riesgo».

«Esta notificación nos da aliento y confianza para el objetivo, que no es otro que la atención a los pacientes», según afirma la citada asociación.

Cabe recordar que, tras conocerse esta denuncia, la Consejería de Salud mostró esta semana su «sorpresa, perplejidad y absoluto rechazo» ante las afirmaciones contenidas en la misma, y defendió que los andaluces « esperan un mes menos que en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS)», según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

La administración sanitaria calificó de « falsas e irresponsables » las afirmaciones que recoge dicha denuncia y criticó que «el fin de esta entidad de abogados consiste en la denuncia de las negligencias médicas que se producen en la sanidad y en la defensa de sus supuestas víctimas , siempre y cuando esas víctimas sean socias de la asociación y paguen la correspondiente cuota y la minuta de sus abogados».