El juez archiva la pieza del Consorcio Ciomijas contra cuatro exdirectores de Formación de la Junta de Andalucía

En la pieza abierta en el año 2016 estaban investigados cuatro exdirectores generales de Formación de distintos gobiernos socialistas en Andalucía. Vino precedida de la detención de 16 ex altos cargos autonómicos dentro de la operación Barrado que desarrolló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en marzo de 2015, cuando la juez Mercedes Alaya investigaba el fraude de la formación.

En un auto dictado el pasado 21 de mayo , al que ha accedido ABC, Vilaplana dicta el sobreseimiento provisional de la causa, tal y como había pedido las defensas, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía. El magistrado argumenta que « no se apreciaría una conducta delictiva orientada finalísticamente a la producción de resultado de naturaleza delictiva alguna en el comportamiento y los hechos denunciados», lo que no impide que la Junta ejerza otras acciones como pedir el reintegro de las subvenciones para cursos de formación de desempleados concedidas a esta entidad autonómica en 2008, 2009 y 2010, o bien aplicar otras medidas «sancionadoras».

Por tanto, expone la resolución, «no sería posible deducir una actuación netamente contraria a los intereses y fines públicos a cuya verificación se habrían destinado las subvenciones objeto de las presentes actuaciones». Tampoco se desprende de la investigación «una actuación absolutamente opuesta a la disciplina reguladora de la concesión de este tipo de subvenciones, determinante de una administración desleal, desviada o fraudulenta de las subvenciones y de los fondos públicos comprometidos y dispuestos».

El instructor ha dado carpetazo a estas diligencias previas en las que estaban imputadas seis personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación . Entre los investigados estaban los cuatro exdirectores generales de Formación de la Junta de Andalucía que habrían concedido y certificado «inicialmente» como correctamente justificadas las ayudas otorgadas a esta entidad dependiente de la antigua Consejería de Empleo durante los años 2008, 2009 y 2010: María José Lara González, Andrés Sánchez Hernández, María Teresa Florido Mancheño y Manuel Brenes Rivas .

En la pieza también estaban encausados María de la O Ustarán Muela, presidenta de la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por GDT Asesoramiento Empresarial S.L.U. y Residencial Torrealmádena S.A., y José Gutiérrez Muñoz, director gerente del citado consorcio . Durante los tres ejercicios, de los 8,6 millones de euros que llegaron al Ciomijas, 2,2 se quedaron en el consorcio, a pesar de que era la unión temporal de empresas la que gestionaba y realizaba los cursos.

En su auto el juez detalla que en el caso del expediente de subvención 98/2008/C/13 se subcontrata con la citada UTE la acción Proyecto de Formación para el Empleo en una cuantía de 2.131.827,99 euros, es decir, el 77,72% teniéndose en cuenta que el presupuesto total de dicha acción es de 2.742.867,61 euros , que comprendería el proyecto de formación para desempleados, el proyecto de formación para trabajadores ocupados y el proyecto de movilidad para alumnado: proyecto Tántalo. Respecto al expediente de subvención 98/2009/C/13, se subcontrata la acción Proyecto de Formación para el Empleo en una cuantía de 2.131.827,99 euros, es decir, el 79,27%, pues el presupuesto total de dicha acción es de 2.754.000 euros. En relación al expediente de subvención 98/2010/C/13, «en principio, no se acreditaría la proporción en la que se subcontrata la actividad formativa en cuanto no constaría documentada la autorización al Consorcio».

El Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias de Ocio (Ociomijas), controlado por la Junta de Andalucía, utilizaba por sistema las subvenciones autonómicas extraordinarias para financiar la estructura del  Observatorio de los Recursos Humanos en el Sector Turístico de Andalucía .

Con cargo a ayudas para formación, cofinanciadas con fondos europeos, se pagaron nóminas de su personal, dietas, estudios, jornada y almuerzos incluidos como reuniones y conferencias de este órgano, según indicó un informe de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta. Desde 2007 la sede del consorcio en Mijas (Málaga) acoge las oficinas de este observatorio dependiente de la Consejería de Empleo y participado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CC.OO . Su gestión estaba bajo el mando de un grupo de trabajo formado por nueve representantes procedentes de las cuatro organizaciones. Su misión consistía en «analizar el conocimiento del empleo que dicho sector genera, así como sus necesidades formativas».