Juanma Moreno y Ximo Puig exigen más dinero y más poder para las autonomías

Los dos presidentes han tejido una alianza poco habitual entre dirigentes de distinto signo político (PP Moreno y PSOE Puig) argumentando que su obligación es defender los intereses de sus administrados y defendiendo el «diálogo y la conversación» como una de las principales obligaciones de los dirigentes políticos. «Esta foto no debería ser noticia», decía Juanma Moreno en público ante el asentimiento de Ximo Puig en el salón principal de la sede de la Presidencia de la Junta y escoltados por seis banderas, dos de España, dos de Andalucía y dos de la Comunidad Valenciana. En privado, el valenciano reconocía que sólo la foto tiene un importante valor político. Probablemente porque ambos saben que no pueden contar con otros homólogos de sus respectivos partidos como Ayuso y Lambán . Es un problema territorial y tratan de sacarlo de la contienda partidista.

«No hacer nada no es una opción porque es un problema de desigualdad que nosotros no afrontamos desde el frentismo sino desde la racionalidad», explicaba Ximo Puig justificando un movimiento que no ha gustado demasiado en el PSOE federal y menos en el Gobierno central tal y como se encargaba de dejar claro la vicepresidenta Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Afianzando el «noble» objetivo de este encuentro —que lleva meses trabajándose—, Juanma Moreno insistió en varias ocasiones en que no se va «contra nadie» sino a favor de un modelo más justo y equitativo porque el actual sistema genera diferencias de recursos entre comunidades de más de 30 puntos porcentuales por habitante ajustado. Si no encuentran apoyos de sus respectivos partidos, ellos estarán cumpliendo con su obligación, «cada cual que asuma su responsabilidad», afirmaba Puig.

El acuerdo entre Juanma Moreno y Ximo Puig , que firmaron una declaración institucional de once puntos, no sólo trata de dinero sino también de relevancia política. Moreno lo decía con claridad ante el asentimiento de Puig, «el diálogo entre dos comunidades periféricas aporta un ángulo diferente de los problemas del país».

Ambos presidentes defienden que el criterio de población ajustada debe ser la clave para el nuevo modelo aunque están dispuestos a negociar todo lo que sea necesario. «Todo menos no hacer nada», precisó Moreno. «Y menos permitir que un sistema transitorio se eternice porque el modelo está caducado desde el año 14» , apostilló Ximo Puig.

La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades autónomas para aumentar la corresponsabilidad fiscal , sobre todo en lo que se refiere a tributos relacionados con el Medio Ambiente. Tanto Moreno como Puig descartaron una subida de impuestos si bien ambos se mostraron a favor de dejar en manos de las comunidades autónomas más margen para imposiciones fiscales. Y este fue el único punto de desacuerdo entre ambos presidentes autonómicos. Moreno defiende que cada comunidad establezca la fiscalidad que considere mientras que Puig considera que es necesaria una cierta armonización tributaria sobre todo en determinados impuestos.

Pero no todo fueron declaraciones políticas. Los presidentes de ambas comunidades también hablaron de dinero contante y sonante . Para empezar, demandan un fondo de nivelación transitorio de 1.700 millones de euros al año a repartir entre las comunidades más desfavorecidas, Valencia, Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha, mientras se resuelve el modelo que penaliza a estas cuatro comunidades.

Además, ambas comunidades entienden que todo el sistema de financiación es deficitario de manera que en 2019 la insufiencia global para el conjunto de las quince autonomías de régimen común (País Vasco y Navarra tienen otro estatus diferente que recoge la Constitución Española) q ue asciende a 16.400 millones de euros, un dinero que habría que aportar de más a las autonomías porque son las prestadoras de los servicios que garantizan el Estado del Bienestar. Por cierto que el documento firmado por Moreno y Puig detalla que el gasto en servicio público financiado por habitante ajustado de las comunidades forales (País Vasco y Navarra) supera en 30 puntos porcentuales el gasto medio de las de régimen común. Hasta ahora, todas las reformas de la financiación de las autonomías ha respetado el status quo. Moreno y Puig quieren cambiar tambien eso.