Un ex interventor de la Junta, al juez: «A cada papel le damos catorce vueltas antes de firmarlo»

Eso ha provocado, ha subrayado, que los interventores, técnicos, letrados y funcionarios en general tengan «verdadero miedo» a firmar cualquier papel y que extreman los cuidados para no incurrir en algún error que luego pueda conllevar una imputación judicial.

«A cada papel le damos catorce vueltas antes de firmarlo », ha dicho el ex interventor delegado, que ha defendido su actuación en el caso del presunto fraude en obras de riego en las marismas del Guadalquivir. En este sentido, ha dicho que él firmaba los documentos que los técnicos le presentaban y daba por hecho que todos ellos estaban perfectamente cumplimentados.

Tras indicar que tenía nueve técnicos a su servicio, el exinterventor ha subrayado que los numerosos pagos que se hicieron para las obras de riego contaban con avales previos excepto en un caso, cuando hubo una diferencia de cuatro días, ha precisado.

El exinterventor, uno de los 22 investigados en esta causa, ha sido citado ante el juez Juan Gutiérrez Casilla por su participación en el pago de la subvención de la primera certificación de las obras por valor de 4,2 millones.

El dinero se abonó «desobedeciendo por completo el procedimiento establecido y sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la autorización de dicho pago», según recogía la petición de imputación que la Fiscalía hizo al juez en diciembre pasado.

En marzo del 2015, la Fiscalía pidió la imputación en este caso de 21 personas , entre ellas cinco ex altos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

La investigación se centra en la subvención de 40.11.944 euros que el Instituto Andaluz de Reforma Agraria concedió el 13 de octubre de 2004 para la modernización del riego, según un proyecto presentado por la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir .

El proyecto era de 66,6 millones de euros y se concedió a los regantes ayudas por 40,1 millones, según la Fiscalía, que ha investigado «el irregular procedimiento de adjudicación de las obras» y el pago de una primera certificación por valor de 4,2 millones de euros por obras que no se habían hecho.