El ex interventor general de la Junta de Andalucía defiende la actuación «contundente e inmediata» ante las irregularidades en formación

García Fernández ha cerrado la primera ronda de comparecientes de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad, después de que ya lo hayan todos los interventores provinciales.

Como se recordará, Adolfo García fue llamado a comparecer en la comisión de investigación siendo interventor general de la Junta. Días después de conocerse el acuerdo de los grupos para su declaración en este órgano se conocía su dimisión del cargo.

El ex interventor general, que ha querido dejar claro que su dimisión del cargo no tuvo nada que ver con este asunto, ha dicho estar «muy satisfecho» del trabajo realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, afirmando que es «una de las más eficientes del país» .

Durante su intervención, ha advertido de «deficiencias» en distintas áreas de gestión y ha insistido en que se ha actuado con la «diligencia debida» para que las irregularidades detectadas no supongan «perjuicio económico» a la hacienda pública, toda vez que ha insistido que lo que reflejaban los informes, tanto provinciales como el consolidado, era «riesgo de menoscabo de fondos», y no menoscabo en sí, para lo que tendría que ser un daño individualizado y contabilizado.

Ha defendido que «es impensable» que la normativa estuviera diseñada para el fraude , toda vez que defiende que son normas «especialmente exigentes», y es que, según ha advertido, «quizás hayamos subido tanto el listón que hemos tenido dificultades en cumplirlo».