Los grupos políticos elegirán a los letrados del Parlamento andaluz por primera vez

Pero en este caso se ha cambiado la fórmula. Y sustancialmente. La explicación de este cambio es que, en 2016 se convocó una oposición para cubrir las plazas que estaban vacantes pero ningún aspirante logró superar las pruebas, que son muy duras. Pero el trabajo en la Cámara ha aumentado mucho al ser cinco los grupos parlamentarios en esta legislatura y, según consta en los documentos oficiales del Parlamento, hay ocho plazas de letrados y sólo tres están cubiertas , quedando cinco vacantes.

A estos hay que sumar el letrado mayor, Javier Pardo, y el adjunto al letrado mayor, Vicente Perea. Así, el pasado 14 de junio, la Mesa del Parlamento (el órgano de gobierno de la Cámara donde tienen representantes todos los grupos políticos menos Izquierda Unida que sólo tiene voz) decidió convocar una comisión de servicio para contratar a tres letrados nuevos por un período transitorio de un año y con un máximo de tres en el cargo, ya que estas plazas deben ser ocupadas por un funcionario por oposición.

A esta convocatoria, que no aparece en la página web del Parlamento de Andalucía, ni en su apartado de contratación de personal, y que sólo fue publicada en el BOJA del 29 de junio, se han presentado 21 aspirantes que cumplen los requisitos legales solicitados. Un listado que, por cierto, tampoco se ha publicado a pesar de que al ser una administración pública, ese debería ser el procedimiento a seguir.

Lo más llamativo de este proceso es que son los propios representantes de los partidos políticos (del PSOE, del PP, de Podemos y Ciudadanos ) los que están realizando las entrevistas a los aspirantes, acompañados, eso sí, por el letrado mayor de la Cámara y por el presidente del Parlamento.

Estas entrevistas se han realizado después de que los propios grupos hayan hecho una preselección de los aspirantes en base a los curriculos que han recibido del letrado mayor. Así, se ha entrevistado personalmente a los aspirantes que habían sido aceptados por dos ó más grupos políticos, que han entendido que su trayectoria profesional cumple los requisitos establecidos. Tampoco se ha publicado el listado de admitidos y de no admitidos, como suele ser habitual en los concursos públicos.

Las entrevistas a los aspirantes se celebraron la semana pasada —las tardes del martes y el miércoles— y este próximo miércoles, la Mesa del Parlamento se pronunciará sobre los elegidos. Todos los entrevistados mostraron un altísimo nivel que dejó impresionados a los diputados andaluces. Se trataba de letrados de la Junta con años de carrera, de letrados de otras administraciones públicas y también de la administración general de la Junta. Sin embargo, los propios miembros de la Mesa desconocen si serán ellos los que tengan la última palabra —con el visto bueno del letrado mayor y del presidente del Parlamento— o si habrá otro criterio superior. Según ha podido saber ABC, a lo largo del proceso se han ido tomando las decisiones en este sentido, por lo que todavía es una incógnita cómo se resolverá.

Lo que sí está claro es que en la convocatoria pública del BOJA no se explica quién compondrá el tribunal que deberá calificarlos, simplemente que será la Mesa del Parlamento la que tome la decisión. Y el Estatuto del Personal del Parlamento es claro en este sentido: debe ser un tribunal profesional compuesto por un miembro de la Mesa o diputado licenciado en derecho (no todos los grupos políticos), un catedrático de universidad, el presidente del Parlamento, el letrado mayor y otro letrado de la Cámara que actuará como secretario.

La solución adoptada por el Parlamento andaluz se enmarca, además, dentro de la total autonomía que tiene esta Cámara, que es completamente independiente en su funcionamiento del resto de poderes públicos. De ahí la importancia que tiene el cuerpo de letrados del Parlamento, ya que son quienes garantizan la legalidad.

Los letrados de la Cámara, cuya labor es fundamental en la Cámara, tienen que ser funcionarios del grupo A1 y percibirán unas retribuciones que asciende a 93.226,98 euros. Su intermediación es imprescindible para que los grupos políticos puedan realizar su trabajo tanto de proponer leyes o mociones como de controlar al Gobierno andaluz en su gestión diaria.