El Gobierno andaluz se va de vacaciones con la estabilidad asegurada

El balance de cierre de curso tiene varias claves destacadas: la forma de gestionar el pacto de gobierno entre PP-Ciudadanos , que ha conseguido proyectarse como un modelo para otras experiencias similares; la cohesión interna, que ha evitado proyectar la imagen de un Ejecutivo bicéfalo; la normalización de la negociación con Vox, a pesar de las presiones de una oposición centrada en vincular la acción de gobierno a la ultraderecha; la abstracción de los dirigentes a las tensiones electorales y la dosificación de las medidas de reforma para cumplir el compromiso de impulsar un «cambio tranquilo» y no revanchista en la administración andaluza.

Hay un hito destacado en la agenda de estos últimos seis meses: la reacción, negociación y aprobación de un presupuesto para 2019 y el acuerdo para hacer lo propio en noviembre con las cuentas de 2020. Esta gestión asegura al Gobierno andaluz contar con autonomía presupuestaria durante toda la legislatura para afrontar el reto de la reforma de la Administración andaluza e implantar una nueva forma de gestión . Pero además ayuda a dotarlo de estabilidad, un preciado bien en medio de tanta inestabilidad en el panorama político nacional.

El reciente acuerdo unánime para la renovación de los entes de extracción parlamentaria ( RTVA, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo ) ha otorgado crédito a la capacidad de negociación y talante de la nueva Junta.

El pacto que hizo posible el cambio de Gobierno de Andalucía ha logrado en este tiempo consolidarse como un ejemplo de negociación política eficaz y transparente; una «marca» que sale reforzada ahora que ha fracasado la gestación del Gobierno en España tras el truculento folletín de reuniones entre PSOE y Podemos (aquel partido que prometió ofrecer por streaming sus negociaciones) reducidas al mercadeo por el reparto de ministerios incluso desde la tribuna del Congreso de los Diputados. En Andalucía, PP y Ciudadanos negociaron sobre un programa de gobierno y posteriormente se acordó la estructura y composición del Ejecutivo. Entretanto, se negoció con Vox el apoyo a la investidura sobre esos acuerdos programáticos cerrados. El «cambio» solventaba así su primer gran obstáculo, desbloqueó la composición de la Mesa del Parlamento, la investidura del presidente y consiguió la toma de posesión de un Gobierno cuya composición no pareció traumática.

La cohesión de ese Gobierno ha sido otra de las claves del «cambio». El reparto de roles que desempeñan el presidente, vicepresidente y el consejero de la Presidencia ha evitado crisis internas en todo este periodo. Moreno queda en el papel institucional de presidente, aparentemente ajeno y a salvaguarda de las tensiones entre los socios de Gobierno, cuya coordinación queda en manos del vicepresidente Juan Marín, por Ciudadanos, y de Elías Bendodo, consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, hombre de confianza de Moreno , cuya gestión brilla más en ese papel de coordinación, por lo que no se ve, que como portavoz del Gobierno, donde se le nota sufrir ante la sobreexposición pública.

Esa cohesión institucional de un Gobierno de coalición no sería posible sin una condición fundamental: la magnífica relación que mantienen los líderes de PP y Ciudadanos, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente. Ajenos a las celotipias propias de este tipo de convivencia política. Moreno adopta el papel institucional que requiere el cargo, mientras Marín asegura una permanente presencia debido a las numerosas atribuciones de su consejería: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local . La puesta en escena de su comparecencia conjunta para valorar los primeros cien días de gobierno juntos en un solo atril demuestra que su convivencia es un asunto capital para la estabilidad del Gobierno.

La falta de experiencia ha sido un hándicap. Demasiados puestos de responsabilidad para cubrir de golpe . En este sentido, Ciudadanos lo tenía más difícil. Apostó por perfiles independientes en las consejerías a su cargo y seleccionó a directivos de perfil más técnico que político, fichados a vista de currículum. El resultado, numerosas renuncias por incompatibilidad con los consejeros, por no poder asumir la carga de trabajo o directamente por enfermedad, como ocurrió con el propio consejero de Hacienda Alberto García Calero que dejó el cargo apenas un mes después de tomar posesión.

Las consejerías de Economía, de Rogelio Velasco; Empleo, Rocío Blanco y especialmente Igualdad, con Rocío Ruiz al frente, han sufrido bajas. Las renuncias de los viceconsejeros de Igualdad y Empleo esta pasada semana han sido calificadas de «crisis de gobierno» por la oposición, mientras los consejeros afectados le dan escasa importancia, la propia del asentamiento que sufren las estructura de los nuevos edificios.

La inexperiencia también ha jugado malas pasadas en la comunicación a algunos consejeros. Rogelio Velasco, titular de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades confesó no estar muy de acuerdo con el modelo de gratuidad de las matrículas universitaria s que dejó el anterior Ejecutivo -la medida mejor valorada del Gobierno de Susana Díaz-. Velasco tuvo que rectificar y hacer ver que su opinión era tan personal que la gratuidad de las matrículas se mantendrá durante la Legislatura. También Velasco dudó de la promesa del presidente de crear 600.000 puestos de trabajo en el mandato, enmarcándolo en las promesas propias de las campañas electorales. La interpretación que se dio a las recientes declaraciones sobre la brecha salarial de la consejera Rocío Ruiz o la desafortunada cita del «chupetón» mientras se refería el aborto que hizo el consejero de Salud, Jesús Aguirre, han sido otros deslices en la comunicación institucional.

Las dimisiones, una decena de altos cargos, no han sido todas cubiertas. Quedan vacantes como la dirección general de Fondos Europeos o la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, tras la dimisión de Mercedes Sánchez por enfermedad. En cuanto a nombramientos, el Gobierno no siempre ha cumplido sus premisas de acceso mediante concurso de méritos, sobre todo en los que dependen del PP que sí ha optado por perfiles políticos para puestos estratégicos. Una prerrogativa que Moreno ha utilizado también en clave interna para modelar el partido en Andalucía en el momento que más lo necesitaba.

La baja de Alberto García al que Moreno confió la cartera de Hacienda, fue un duro revés para el presidente. El propio consejero propuso a su sucesor. Moreno se entrevistó con Juan Bravo una tarde en Madrid y lo nombraba consejero al día siguiente. Bravo, que dejó su escaño por Ceuta en el Congreso, ha respondido al mandato del presidente andaluz con nota. Su consejería ha impulsado un primer avance de auditorías de entes instrumentales de la Junta; ha gestionado la ampliación del presupuesto de 2018, al no dejar proyecto el anterior Gobierno; ha elaborado el presupuesto de 2019, aprobado el pasado 18 de julio, -con subidas en las partidas de corte social para desmentir los augurios de la oposición-, y trabaja en el de 2020 para presentarlo en noviembre con la seguridad de que cuenta de partida con el apoyo mayoritario de la Cámara tras la jugada maestra de negociar con Vox las cuentas de los dos años. Este acuerdo asegura estabilidad para la Legislatura, ya que en el caso de no encontrar apoyos en 2021, podría prorrogar las cuentas. El acuerdo no ha pasado desapercibido para el principal grupo de la oposición que desde enero confiaba en el fracaso del pacto. El día de la aprobación de los presupuestos, el gesto de la expresidenta y líder socialista Susana Díaz al negar dar la mano al consejero Bravo delató la ofuscación e impotencia en la que está inmersa la oposición, y que constituye otra de las claves del balance de fin de curso.

Aun siendo un problema para el Gobierno, los múltiples agujeros en la gestión de la etapa socialista han sido un balón de oxígeno en estos primeros meses para el Ejecutivo. La denuncia sobre las 500.000 personas ocultas en las listas de espera del SAS o las excluidas de las ayudas a la Dependencia, dieron lugares a planes de emergencia que han dado sensación de rápida capacidad de respuesta de los consejeros, aunque habrá que evaluar los resultados a más largo plazo. A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Gobierno ha dado prioridad a algunos proyectos de obra pública, como se ha comprobado con el impulso al acceso al PTA y las obras del Metro en Málaga.

Precisamente, Málaga tiene que ser otra cita clave en el balance de los seis meses de Gobierno. Numerosos altos cargos y personal de confianza proceden de esa provincia y hay sensación de que el eje geográfico de las decisiones ha cambiado hacia la capital costasoleña en detrimento de Sevilla, donde ya una plataforma civil reclama inversiones . El Gobierno está decidido a que también la descentralización distinga su gestión.

Estos primeros seis meses de gobierno han confirmado también que el Gobierno va con paso lento en las reformas sobre todo en lo que respecta al entramado de la administración paralela. Todo indica que será a partir del próximo año , una vez aprobado el presupuesto de 2020, cuando estas y otras reformas se harán efectivas y se «notarán», aseguran fuentes del Gobierno. Por cambiar, cambiará hasta la parrilla de Canal Sur.