La Fiscalía Superior abre diligencias penales por las contrataciones exprés de interinos en la Junta

La mencionada denuncia se dirigía contra Bendodo ; la secretaria general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, Ana María Vielba; y la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Silva, como «autoridades responsables de las contrataciones de personal para la Junta de Andalucía, así como «contra cuantas personas pudieran derivarse del presente procedimiento».

Según la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, en la mencionada convocatoria de interinos se incurría en una «discriminación» al excluir de la misma a «mujeres embarazadas o en periodo de lactancia» , lo que dicha organización ve como «presuntamente inconstitucional».

Igualmente, la denuncia recoge que se excluyen de la referida convocatoria de empleo «a pacientes crónicos como hipertensos o diabéticos, que no estén en situación de invalidez por enfermedad, o a las personas mayores de 60 años».

La convocatoria express de estos funcionarios interinos se hizo por la situación ocasionada por la pandemia del Covid-19, aunque los perfiles demandados no son sanitarios o del área de la salud.

Según constaba en la convocatoria oficial, el procedimiento de solicitudes estaba canalizado por correo electrónico en un plazo de 24 horas, sin incluir siquiera currículum, lo que, a juicio de los denunciantes, «vulnera los principios de publicidad, mérito y capacidad que exige la legislación estatal recogida en el Estatuto del Empleado Público».

Desde el Gobierno andaluz, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha defendido que dicha convocatoria se rige por un decreto aprobado por el Parlamento andaluz y un modelo de nombramiento «negociado con las organizaciones sindicales tanto en la Mesa General, como en la Mesa Sectorial y la Comisión de Convenio».

Así, la consejería expone que el procedimiento para la selección de personal funcionario interino y de personal laboral temporal con carácter de emergencia se encuentra implementado en el artículo 13 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, aprobado por el Parlamento andaluz y desarrollado mediante resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

Asimismo, Bendodo ha recordado que la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de abrir estas diligencias «supone un procedimiento ordinario que implicará la solicitud de información de la administración autonómica».

Los portavoces del PSOE y Adelante Andalucía celebraron esta decisión de la Fiscalía Superior. El portavoz adjunto del PSOE , Rodrigo Sánchez Haro, criticó que «el Gobierno del PP y Ciudadanos s e ha estado dedicando a meter en la Junta por la gatera a todo el que ha podido , utilizando la pandemia como excusa para colar sus colocaciones express».

«El PSOE de Andalucía llevó a los juzgados 32 procesos de contratación exprés de la Junta para cubrir 3.487 plazas públicas, denuncia que se amplió con una nueva convocatoria dudosa para 278 puestos, de nuevo en 24 horas y sin transparencia ni garantía alguna de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades en el acceso a un empleo público».

El coordinador de Izquierda Unida, Toni Valero ha expuesto que su organización lleva «meses denunciando» estas prácticas. «No tiene justificación alguna las contrataciones que el Gobierno andaluz ha venido realizando en procesos que duraban abiertos 24 horas, sin previo aviso y perjudicando a interinos», ha criticado.