La Fiscalía retira la acusación contra un exconsejero de Invercaria en el juicio por el préstamo a Cedes

El que fuera director de Inversiones Estratégicas en la Agencia IDEA se enfrentaba a una petición de seis años de prisión y 25 años de inhabilitación por prevaricación y malversación. Tras la celebración de la prueba durante la vista oral, el fiscal anticorrupción Fernando Soto ha anunciado que retiraba la acusación contra Martínez.

En la misma línea se ha pronunciado el abogado del PP-A , Wenceslao Moreno, que se ha adherido a la modificación de Anticorrupción. Con respecto a los otros cuatro acusados no ha habido cambio alguno y ambas acusaciones mantienen los delitos, según han informado a este periódico fuentes del caso.

De esta manera Martínez queda absuelto. Sus compañeros en el banquillo hasta hoy han sido Isabel de Haro, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación entre 2002 y 2012, consejera de IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria; y los empresarios Federico Mañero, consejero de Cedes y socio y administrador de Openmatelec; y Enrique García Chelle, consejero delegado de Cedes y socio y administrador de Openmatelec.

El quinto acusado es el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, que se enfrenta a su quinto juicio por esta macrocausa de corrupción. Lleva tres condenas y una absolución . La Audiencia de Sevilla le impuso tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis; dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de Invercaria y tres años y un día de cárcel por el préstamo a la empresa Fumapa. Fue absuelto en el caso de Juana Martín.

Para Isabel de Haro y Pérez-Sauquillo la Fiscalía pide pide s eis años de prisión , inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por 15 años por un delito de malversación; y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Los empresarios, por su parte, en enfrentan a una pena de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por cinco años por el delito de malversación; y seis años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por seis años. En esta causa también estaba procesado José Luis Manzano Seco, presidente y consejero delegado de Cedes Electria y Anitec, pero falleció antes de la celebración de la vista oral.

La Fiscalía igualmente considera que los cuatro acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a Inverseed SCR, heredera de Invercaria, en la cantidad de 1.368.954,98 euros por Cedes y 486.813,35 euros por la sociedad CSI.

En la próxima sesión, las partes expondrán sus informes finales. Las defensas, este miércoles, han solicitado la libre absolución para sus representados.

Cedes se constituyó el 1 de agosto de 2008 para el desarrollo de proyectos energéticos. Ese mismo mes se celebró una reunión entre varios de los investigados «a la que acudió el titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo», Francisco Vallejo, y en la que se acordó la inversión de capital público en el proyecto, según la Fiscalía.

Isabel De Haro, que después fue consejera de esta sociedad privada, contactó con Pérez-Sauquillo para la puesta en marcha «de todo lo necesario» para invertir y ayudar a los promotores de la compañía. El presidente de Invercaria tomó las decisiones para invertir fondos públicos a través de la participación de capital y préstamos participativos, «sin cumplir el trámite interno establecido en el Plan Director de Inversiones» de la empresa pública, «sin más motivación que la orden dada por De Haro», quien, para el Ministerio Público, es «protagonista principal» de los hechos investigados.

« Por decisión de su presidente, Invercaria no realizó ningún seguimiento ni control de la inversión» , sostiene la Fiscalía. De Haro, por su parte, estableció «como únicos mecanismos semejantes a un control, que personal de IDEA, entre los que se encontraba ella misma, fueran nombrados vocales del consejo de administración de Cedes Electria». Para la Fiscalía, como dijo en la primera sesión del juicio, los fondos que respaldaron a Cedes eran de la Junta pero los proyectos energéticos se realizaron fuera de la comunidad. Andalucía se quedó «sin fondos y sin molinos».