Los empresarios de la construcción urgen a aprobar la nueva ley de urbanismo

Fadeco ha instado a los grupos parlamentarios a estar «por encima de los intereses partidistas » en pro de conseguir «la urgente» reforma de la legislación urbanística que mejore la capacidad de atracción de la inversión de Andalucía y con ello Andalucía.

Los empresarios del sector han solicitado «rigor y responsabilidad» a los distintos grupos políticos, para que «no se tire a la basura» el trabajo realizado durante las dos últimas legislaturas, sino que trabajen activamente durante el trámite parlamentario para «aportar y enriquecer el texto del Anteproyecto de Ley existente y así termine aprobándose la necesaria legislación».

Fadeco ha señalado que el urbanismo andaluz requiere de una nueva regulación y la Dirección General de Urbanismo viene trabajando desde el año 2015 en una nueva ley. Está comenzó denominándose Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía (LUSA) y posteriormente Ley sobre la Actividad Urbanística Sostenible de Andalucía (Lausa), quedándose ambas a las puertas del Parlamento en el año 2019, ante el adelanto electoral.

El nuevo gobierno entonces conformado mantuvo esa prioridad por dotar de una nueva Ley Urbanística a Andalucía, y continuaron con los pasos requeridos para la aprobación de la que denominaron Ley de Impulso de la Sostenibilidad de Andalucía (Lista), que mantiene un objetivo común con las anteriores, «poner orden legislativo, que permita desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios y dotar de seguridad jurídica a la inversión en nuestra comunidad».

Los promotores y constructores andaluces han participado estos años en esta nueva Ley, junto a los distintos gobiernos, siempre bajo el convencimiento de que la actual LOUA es una «ley obsoleta y desfasada, que se ha modificado en más de 20 ocasiones y que no garantiza la seguridad jurídica de ayuntamientos y sus modificaciones de planeamiento».

El objetivo de los empresarios de la construcción y la promoción, y de tantos otros colectivos y profesionales, que también han estado presentes con sus aportaciones en el largo proceso participativo queconlleva la elaboración de una nueva Ley, es que se apruebe «una norma clara, actualizada, sencilla de aplicar y que garantice la seguridad jurídica, fundamental para poder atraer inversión y mejorar el empleo y la riqueza en un momento en el que se debe apostar por una ágil recuperación, tras la crisis sanitaria».

«Se entiende necesaria una norma clara, que acabe con la actual normativa urbanística desfasada y extemporánea , que venga a eliminar burocracia, que acorte plazos y garantice la seguridad jurídica de las actuaciones del planeamiento, porque con todo ello se beneficiará a los ayuntamientos, a las empresas, a los trabajadores y, en definitiva, a los andaluces, porque nos encontramos ante una ley transversal, que afecta a todos, de un modo directo o indirecto».