Un cortocircuito eléctrico obliga a parar el juicio del caso ERE

El micrófono dejó de funcionar a las 13.30 horas cuando el profesor Juan Antonio Carrillo , perito de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, contestaba a las preguntas del letrado de la acusación popular ejercida por el PP andaluz, Luis García Navarro, lo que impedía continuar con la grabación del sonido. El fallo se ha producido al enchufarse un cargador, según indicaron los funcionarios en la sala.

Por esta razón la sala ha solicitado la asistencia de un técnico que ha procedido a reiniciar el equipo informático. En vista de la lentitud para poner el funcionamiento el sistema , el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, ha acordado dar por terminada la sesión, que habitualmente acaba sobre las 14.30 horas.

El fallo eléctrico ha sido la anécdota de una sesión en la que los peritos de las defensas han recurrido a referencias bíblicas para sostener sus tesis en el juicio de la pieza política del caso ERE y rebatir las de los peritos judiciales de la Intervención General de la Administración del Estado, que argumentan que el sistema empleado por la Junta de Andalucía tuvo como «efecto» la ausencia de fiscalización previa de las ayudas concedidas a empresas en crisis y prejubilados, un precepto obligatorio en la Ley General de Subvenciones y en numerosa normativa citada por él ante el tribunal.

En este proceso están acusados los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos más de sus gobiernos por implantar y mantener durante diez años un procedimiento «opaco» que repartió 850 millones de euros de fondos públicos .

Juan Antonio Carrillo, jurista que elaboró un informe pericial por encargo de la exconsejera de Hacienda y acusada Carmen Martínez Aguayo, ha defendido que las transferencias de financiación, la herramienta presupuestaria empleada por la Consejería de Empleo para mandar fondos a la agencia pública IFA/IDEA con los que pagar las ayudas, era un instrumento «neutro», «legítimo» y «perfectamente avalado» y niega que pueda considerarse como «el gran Belcebú», como a su juicio entienden los peritos judiciales.

El experto propuesto por Martínez Aguayo ha reprochado al perito del Estado que considere como subvenciones las ayudas que se están juzgado. A juicio de este profesor, el objetivo es sostener que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Junta en su informe adicional al de control financiero permanente de 2003 son « constitutivas del mayor de los desmanes administrativos conocidos y constituyen una fuente de imputación penal».

El jefe del equipo de peritos judiciales que ha analizado las 270 ayudas concedidas por la Junta, Ángel Turrión, ha insistido en que «en la ley en ningún sitio» se estipula que las transferencias de financiación pueden ser utilizadas para cosas distintas que para equilibrar las pérdidas y ganancias de una entidad pública como IFA/IDEA, que empleó esta figura para pagar subvenciones. Además, ha puesto de manifiesto contradicciones en las tesis de los peritos de parte. «Deberían ustedes ponerse de acuerdo».

Este debate se ha producido durante el turno de preguntas del letrado de la acusación del PP andaluz, Luis García Navarro, que ha puesto de manifiesto las diferencias entre el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el perito que ha propuesto a la sala en relación a si se puede aplicar o no a estas ayudas las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 . De hecho, Fernández, en su declaración ante la juez Mercedes Alaya, negó que las ayudas estuvieran al amparo de dichas órdenes. Su perito aseguró que «no me extraña que los responsables desconocieran el alcance» del título competencial del Estado que daba cobertura legal a las ayudas.

En relación con las contradicciones a las que aludió el perito judicial, Juan Ramallo, perito de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ha afirmado que « yo me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo y a veces hasta eso cuesta». Ha calificado de falta de rigor «querer sacar divergencias» entre los expertos de parte. Y cita en este punto una de las primeras frases del Génesis. «Abel dice: "acaso yo soy el guarda de mi hermano"».

Juan Zornoza, perito de José Antonio Griñán, reiteró que el uso de las transferencias de financiación no impedía la fiscalización de las ayudas por la Intervención. Aseguró, por tanto, que no se puede admitir «ni siquiera como hipótesis» la tesis «conspiracionista» (sic) de que las transferencias se emplearon para «provocar evitar la fiscalización» de las ayudas.

Ángel Turrión, perito del Estado, había declarado poco antes que ignoraba por qué la Junta de Andalucía decidió utilizar este sistema pero sí puede corroborar sus consecuencias. « Al no pasar la concesión de subvenciones por la Intervención nadie verificó el cumplimiento de los requisitos imprescindibles para la concesión», dijo.