Confirmada la imputación de un «testaferro» de los ERE

En un auto fechado el pasado día 21 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Álvaro Martín rechaza así el recurso de reforma interpuesto por José Carlos González Torrent contra la resolución en la que acordó traerlo al procedimiento en calidad de investigado.

El investigado recurrió al entender que «no constan los hechos con base en los cuales se le trae al procedimiento», pero el juez asevera que González Torrent, en su condición de administrador de la empresa Ingotor S.L., «pudo intervenir como testaferro de su padre, José González Mata, en la obtención por éste de beneficios ilícitos a través de las sobrecomisiones objeto de este procedimiento».

El magistrado, que a finales del pasado mes de diciembre cesó como juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pone de manifiesto en este auto que lo anterior «consta de manera indiciaria y sujeta a las investigaciones que deban realizarse, por lo que ahora no cabe adelantar el resultado final».

En esta pieza permanece imputado el padre de González Torrent y dueño de Uniter, José González Mata, porque, «actuando por cuenta» de esta empresa y «a sabiendas de las diversas irregularidades que se daban en el procedimiento, participó en la gestión de los contratos de seguro con la percepción de sobrecomisiones».

En el auto recurrido, de 9 de noviembre, el magistrado ratificó la imputación del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas en la pieza separada por las sobrecomisiones de los ERE y amplió a 30 el número de personas investigadas en esta pieza.

El instructor considera que Antonio Rivas, como delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, «consintió y favoreció el desarrollo de ERE, en los que se empleaban entidades intermediarias a sabiendas de la percepción de sobrecomisiones, como contrapartida a la inclusión de 'intrusos' y a la ausencia de un trámite ordinario en la concesión de las ayudas».

En el auto, el juez accedió además a la petición realizada por la acusación que ejerce la Junta de Andalucía e imputó a otras 19 personas, entre ellas Carmelo Cruz, cuñado del «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas, o el ex secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido.

El magistrado, además, atendió la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en relación a una más concreta narración de los hechos y su vinculación con cada uno de los investigados, «a los meros efectos de integrar en el auto la descripción del contexto de esta investigación, así como de la relación con la misma de los investigados respecto a los cuales se acuerda deducir testimonio».

En este sentido, relata que entre los años 2000 y 2011 «se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo» el denominado procedimiento específico, cuyo objeto «era la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros», que fueron objeto «de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario».

El instructor añade que, «para alcanzar ese fin de distribución, se empleó entre otras técnicas» la de contratación de pólizas de renta colectiva para satisfacer los ingresos que les correspondían a trabajadores que se prejubilaban o quedaban afectados por ERE, no obstante lo cual, «aprovechando estos expedientes y la falta de control administrativo de los procedimientos de concesión de las ayudas, se operó introduciendo personas que no tenían derecho a estas ayudas o afrontando pagos indebidos».

Para lograr tal resultado final, «se precisó de la colaboración de diversas personas y entidades vinculadas con los seguros, las cuales verían remunerada su cooperación a través de la percepción de sumas muy superiores a las medias de mercado por el trabajo realizado», asevera el juez, que indica que «se dio así lugar a lo que ha venido en llamarse sobrecomisiones, cuya existencia, cuantía y participación en su creación y reparto constituye el objeto» de esta pieza separada.

El juez acordó dejar fuera de la pieza a cuatro personas inicialmente imputadas, como son Antonio Garrido Santoyo, Damián Jiménez Rueda, Luis Javier García de los Reyes y Mariano Martínez Fernández, ya que «no existen méritos para vincularlos" con esta pieza, y ello «en la medida en que los mismos presentan la condición de lo que ha venido en denominarse 'intruso', pero no consta que tuviesen intervención directa en la puesta en marcha y funcionamiento de un sistema de cobro y concesión de sobrecomisiones vinculado al mantenimiento de un sistema de concesión de ayudas y subvenciones carente de las mínimas garantías administrativas».