Chaves y Griñán, responsables políticos de los fallos de control que provocaron el fraude de la formación

El informe señala a Manuel Chaves como responsable desde el traspaso de las competencias en materia de Empleo y Formación, hasta que abandonó la presidencia de la Junta en 2009. Por tanto fue el máximo responsable político cuando se inició, planificó, impulsó y se aplicó el desarrollo de las políticas en cuestión. Por tanto lo considera responsable «in eligendo» e «in vigilando» durante todo ese periodo. El informe sólo achaca a José Antonio Griñán la responsabilidad «in eligendo» por el nombramiento de los titulares de las consejerías de Empleo . El informe no hace más consideraciones al respecto del expresidente Griñán a pesar de que gestionó las ayudas entre 2009 y 2012, cuando se publica la última convocatoria de subvenciones ante las dimensiones del fraude.

Las conclusiones elaboradas por Julio Díaz a partir de las elevadas por cada uno de los grupos políticos representados en la comisión, considera que las «incidencias e irregularidades detectadas en la gestión de las subvenciones en materia de formación» son responsabilidad de todas las personas titulares de las consejerías y las viceconsejerías competentes en la materia entre 2002 y 2012. Asimismo, son responsables todos los directores del SAE, los delegados territoriales de la Junta con responsabilidad en las políticas de empleo y los secretarios generales.

Este informe alude a la falta de medios y personal como clave en la sucesión de irregularidades, así como la falta de coordinación,. comunicación y continuidad en la gestión, y advierte que «aunque todo era muy evidente, no se aportaron los elementos y soluciones necesarias para corregirlos» . Más bien se agudizaron con la decisión de trasladar las competencias de Empleo a Educación. Destaca el hecho de que los directivos responsables de aplicar directamente las políticas para la Formación Porfesional en el Empleo perdudaran poco al frente de sus responsabilidades: «la gran mayoria de los cargos apenas han perdurado un año en el mejor de los casos» .

Las conclusiones hacen mención a los numerosos informes de advertencia de los falloos en la gestión al alcance de las autoridades competentes , a pesar de lo cual no tuvieron una actitud proactiva para averiguar si los beneficiarios dedicaron íntegramente el dinero recibido a la acción subvecionada, a controlar la calidad de los cursos y la justirficación de los mismos, a advertir el excesivo uso de la subcontratación y al incumplimiento de los compromisos de contratación de los desempleados que se acogieron a esos cursos, como en algunos casos era condición implícita. Muy al contrario, la administración andaluza utilizó el recurso de las exceptuaciones en la justificación de subvenciones «para salvaguardar la propia ineficacia de la consejería responsable» .

El dictamen presentado por Ciudadanos no recoge que haya menoscabo de fondos públicos , como sí ha defendido el interventor de la Junta en Huelva , testimonio que se incluye. A lo más que llega a recoger es el hecho de que no ha prescrito ningún expediente de reintegro de fondos públicos, aunque «sí se han detectado tres expedientes —correspondientes a 2002 dos de ellos y otro a 2003— que, por las gestiones administrativas realizadas, pudieran estar prescritos y cuyo importe ascendería a 58.473 euros».

También recoge el poco dinero que se ha recaudado a pesar de que la Junta ha reclamado una parte importante del mismo. «Se han notificado reintegros por importe de 90 millones de euros y que se ha recuperado hasta agosto de 2016 únicamente 7,6 millones de euros lo que supone el 8,5% del reclamado y el 1,41% de las cantidades pendientes de justificación».

Da por probado también que la Junta descertificó fondos europeos, 49,5 millones de euros, destinados a la formación de los parados porque no pudo justificarlos . También deja claro que hubo cursos que no se impartieron, que se crearon empresas «ad hoc» para captar las subvenciones, que no se cumplió el requisito de contratación e incluso que una parte de los fondos sirvió para pagar «mariscos y comidas».

El informe no entra en la existencia de una motivación política general para que se diera tal cúmulo de irregularidades durante tanto tiempo, que atribuye a «mala gestión y planificación» .

Las conclusiones no hacen mención a responsabilidades políticas de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , cuyo mandato se inició en 2013 con las ayudas a la formación ya paralizadas. Díaz tuvo que comparecer en la comisión a petición de los grupos políticos de la oposición para que explicara los motivos por los que ha mantenido paralizada la formación profesional para el empleo hasta el pasado año.

Los grupos políticos en el Parlamento tienen hasta final de mes para presentar sus alegaciones antes de que se eleve para su aprobación en el Pleno.