La Audiencia enmienda de nuevo a la juez Núñez en el caso ERE

En un auto del 3 de septiembre la Audiencia estima el recurso de apelación de la Fiscalía contra la decisión de Núñez de sobreseer respecto a Rivera la pieza relativa a las ayudas dadas a la empresa A Novo para diferentes ERE entre 2006 y 2010, de las que Rivera pagó la «cantidad nada despreciable» de 1,9 millones de euros en 2010 siendo director general de Trabajo.

La Sección Séptima afea a la instructora que «interpreta» lo que «pudiera haber dicho en anteriores resoluciones» este tribunal e indica que su «planteamiento argumental es erróneo» .

«Jamás este tribunal ha dicho o dado a entender en ninguna de sus resoluciones que en la causa matriz que se ha dado en llamar del procedimiento específico se enjuicie con carácter general y para todo tipo de posibles responsables penales todos los pagos derivados de su ejecución», recoge el auto.

Y continúa: «Lo que sí nos hemos visto obligados a afirmar -partiendo como hemos afirmado en infinidad de ocasiones sin demasiado éxito que el objeto de todo procedimiento penal son hechos- es que a consecuencia de los hechos incluidos en las primeras conclusiones de calificación de las acusaciones, con su correlativa acusación por delitos continuados de prevaricación y malversación, determinadas personas acusadas en esta causa no podía ser a su vez encausadas también en algunas piezas separadas».

La Sección Séptima de la Audiencia es la encargada de ver los recursos de los ERE y varios de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están siendo juzgados en la Sección Primera en la pieza política del caso por el "procedimiento específico" usado para dar las ayudas investigadas han sido excluidos de piezas separadas sobre subvenciones concretas por el principio «non bis in ídem» según el cual una persona no puede ser acusada dos veces por los mismos hechos.

Las defensas de procesados en la pieza política como los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera o el exdirector de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete recurrieron las imputaciones de sus clientes en otras piezas separadas en base a ese principio y la Sección Séptima de la Audiencia, en contra del criterio que mantiene la Fiscalía, les dio la razón.

Ello ha llevado a Núñez a seguir este criterio y excluir directamente en la instrucción a algunos de estos ex altos cargos, si bien en el caso de Daniel Rivera no está siendo juzgado en la pieza política porque la Audiencia archivó la causa contra él.

Por ello, la Sección Séptima señala que «nunca hemos dicho que en esas piezas no pudieran ser encausadas personas distintas» y anula la decisión de Núñez de excluirlo de la pieza separada sobre la ayuda pagada a A Novo .

Critica que «carece de toda lógica procesal interpretar» y poner «en boca de este tribunal» la afirmación de que en la causa matriz sobre el «procedimiento específico» se enjuician «todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizan, sacándole de contexto al perder la perspectiva de que la afirmación en su caso iría referida a personas concretas acusadas» en la pieza política.

Pero además, considera que Núñez incurre en «contradicción» en sus argumentos para excluir a Rivera , al afirmar que «sin duda conocía del actuar anterior y por ello inició, como se constata, una actividad tendente a terminar y corregir dicha forma de actuar, y por otro lado cuestionar que realizara pagos a sabiendas de su ilicitud».

Para la Audiencia, «mal casa» que con Rivera al frente de la Dirección General de Trabajo «se iniciasen actividades para tratar de poner orden en el caos existente en la Consejería de Trabajo» con «negar el conocimiento de las irregularidades groseras cometidas por sus antecesores».

El tribunal le considera indiciariamente autor de delitos de prevaricación y malversación ya que «teniendo conocimiento de tales irregularidades» no sólo ordenó un pago «por la relevante cantidad» de 1,9 millones sino que firmó el convenio para ello que «tiene una severa aparienca delictiva, por mucho que por otro lado interviniera posteriormente para poner fin al caos».

La «mejor o peor intención que tuviera» en mejorar el sistema de las ayudas de los ERE, a juicio de la Audiencia, puede ser un atenuante para su responsabilidad penal pero «en modo alguno justifica su conducta» ni «desvirtúa que administrase deslealmente los fondos públicos» pues con ese pago «mantenía la ilegalidad» , dispuso con «consciente ligereza como poco» de dinero público y «dictó una resolución con una severa apariencia de ilegalidad».