Sueldos excesivos o falta de control: los mayores desmanes que destapan las auditorías en la Junta

- Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor: la auditoría consta que «no ha tenido actividad desde hace años y en sus terrenos en propiedad de 156.750 metros cuadrados no se ha instalado ninguna empresa».

- Fundación Doñana 21: organismo que «ha explotado de manera ineficiente el Bosque Solar con el que cuenta. De hecho, los informes confirman que nunca estuvo operativo en su totalidad».

- Agencia IDEA : hasta 7,8 millones de euros en ayudas de los fondos europeos Feder han tenido que ser descertificados por «irregularidades en el gasto», señala la auditoría.

- Servicio Andaluz de Empleo (SAE) : no constan pagos a antiguos acreedores entre los años 2016 a 2018. En el caso del SAE hay mucha tela que cortar en los informes que analizan su actividad, porque también se pone de manifiesto que el 70 por ciento de los demandante de empleo no recibieron ofertas de este servicio cuya misión se supone que es esa. De hecho, destaca el informe, solo el 3 por ciento de los empleos en Andalucía se dan por el SAE. Hay más porque el Servicio Andaluz de Empleo tiene dentro hasta 14 convenios colectivos, un galimatías laboral.

- Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía): está «prácticamente sin actividad» pero que tiene una «alta morosidad» y «falta de control» en la gestión de sus fondos.

-Red de Villas Turísticas de Andalucía: tiene unas pérdidas de dos millones de euros anuales cuando «había sobre la mesa decisiones desde 20115 sin adoptar». Además tiene una sola villa explotable pero requeriría una inversión de 2,5 millones, más dinero incluso que la deuda que acumula esta entidad.

-Agapa: además de «una red de laboratorios sobredimensionada con precios desactualizados que no llegan a cubrir ni el gasto del servicio». la auditoría destaca que «se han detectado inversiones elevadas sin explotar». En concreto, «se señala que en la Estación Enológica de Montilla (Córdoba) se instalaron placas fotovoltaicas que no están operativas, al igual que la propia Estación». Además la entidad cuenta con una cartera cifrada en unos nueve millones de euros que en cinco años ha perdido casi un tercio de su valor.

- Agencia Amaya: destaca la «deficiente gestión de las sociedades participadas».

- Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA): se subraya que dispone aún de «un considerable número de metros cuadrados sin explotación».

- Agencia Andaluza de Instituciones Culturales: subraya la auditoría «el riesgo de que algunos empleados que no son funcionarios pudieran ejercer potestades o tramitar subvenciones que sólo puede realizar un funcionario».

- Cetursa-Sierra Nevada: en este caso se destaca la «altísima litigiosidad laboral contra la propia Administración autonómica» porque «cuatro convenios han favorecido históricamente irregularidades en la contratación temporal».

- Sandetel (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones SA): las auditorías advierten «del riesgo de haber incurrido en cesión ilegal de trabajadores, ya que tradicionalmente ha tenido en sus instalaciones a personal contratado por terceras empresas prestando servicios con continuidad».

- Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA): destacan desde la Junta «los sueldos por encima de la media del mercado». Además «se ha comprobado que personal laboral está recibiendo retribuciones superiores a las que corresponderían a funcionarios, con pluses que no responden a una base directamente vinculada por el desempeño laboral».

- Fundación San Juan de Dios de Lucena: «·l gasto de personal está 20 puntos por encima de la media de los 50 grupos empresariales más relevantes del sector, indica la auditoría».

- Inturjoven: es una empresa pública «incapacitada para llevar a cabo las inversiones que precisan». Además tiene «un elevado coste de personal, por encima de los rangos de referencia del sector en la mayoría de albergues, y eso que la red tiene ya 8 de las instalaciones cerradas (6 en el último año) y hasta un terreno cedido en Mijas que genera anualmente un gasto de 16.500 euros».