Andalucía reaviva el debate sobre la autoridad del profesor

El grupo parlamentario del PP ha registrado una proposición de ley en el Parlamento andaluz en la que se pide la consideración de autoridad pública del profesorado andaluz, lo que en la práctica supone darles un respaldo legal del que ahora carecen. Esta iniciativa se basa en la Lomce (ahora en entredicho) y es la segunda vez que los populares intentan llevarla a cabo, ya que presentaron una similar en el año 2010, si bien entonces fue rechazada por el Gobierno andaluz, precisamente por no tener legislación básica de referencia.

El objetivo de la ley, que ayer anunció el líder popular Juanma Moreno, es que los profesores sean reconocidos como autoridad pública lo que significa que sus informes y declaraciones gozarán de presunción de veracidad y no sólo en sus actividades docentes sino también en las que están relacionadas directamente con las mismas como pueden ser el transporte escolar, las actividades extraescolares o el comedor en los colegios.

La presunción de veracidad permite que los profesores, en el ejercicio de sus funciones, estén dispensados de probar los hechos alegados en cualquier procedimiento, ya que la carga de la prueba recae legalmente en la parte contraria, ya sean alumnos, padres o tutores legales.

La consideración de autoridad pública en el profesorado es una vieja aspiración de sindicatos como el de profesores APIA, de CSIF y de ANPE, mientras que otros como CC.OO. o Ustea no lo han visto, tradicionalmente, como necesaria.

Javier Prieto, vicepresidente de APIA, se reafirmó ayer en la idea, en declaraciones a ABC, de la necesidad de considerar al profesor como autoridad pública en la normativa, «teniendo en cuenta los problemas que sufren» algunos de los docentes, «como son las agresiones verbales y agresiones de tipo físico, ante las que están sin protección alguna».

Según Prieto, «en Andalucía no estamos pidiendo nada raro», teniendo en cuenta que en otras comunidades autónomas ya existe esta figura.

El sindicato CSIF, al igual que APIA, ha dirigido escritos a la Consejería de Educación para que la Junta dote al profesorado de la condición de autoridad pública, como una forma de «mejorar la convivencia en los centros».

Otras centrales sindicales, como CC.OO. y Ustea, no han considerado hasta ahora necesario que en Andalucía se le dé al profesor el rango de autoridad pública, en el convencimiento de que existen protocolos de actuación tras las agresiones.