La administración admite la falta de datos sobre apertura de pozos de agua

No es un caso puntual. En la provincia de Huelva, organismos públicos, incluida la Fiscalía de Medio Ambiente, y ecologistas calculan que existen entre 800 y 1.000 pozos y balsas de riego ilegales, problemática que comenzó a arrancar a comienzos de la década de los 90 con el boom del cultivo de los frutos rojos y, de su mano, la necesidad de agua para riego.

Salvo en la provincia de Huelva, la administración desconoce el número de pozos que hay en Andalucía. No lo saben en la Delegación del Gobierno, cuyo titular, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha advertido estos días sobre la necesidad de tapar las construcciones ilegales de este tipo: «Yo le pediría a todo aquel que haya realizado algún pozo ilegal en nuestro país, en Andalucía en concreto, que está a tiempo aún de sellarlo ; hago ese llamamiento porque sin duda creo que merece la pena que esta circunstancia desgraciadísima no vuelva a suceder de ninguna de las maneras», indicó.

Tampoco lo saben desde la Guardia Civil, quienes explican que ellos no hacen inventario de pozos ilegales porque no entra en sus competencias. Y finalmente, tampoco lo saben en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde explican que es «imposible» saber cuántas prospecciones se han podido hacer en la comunidad.

Al despunte de cultivos, se ha ido sumando una práctica que propietarios de terrenos han convertido en una tónica «muy habitual», según la experiencia de la Guardia Civil en los últimos años: abrir un pozo para tener agua en sus parcelas sin dar los pasos legales establecidos en la normativa.

«Se está viendo que no existen los permisos. La gente, por desconocimiento o por ahorrarse un dinero, pincha y si no encuentra agua, vuelve a abrir en otro sitio… muchos pozos quedan abiertos», confirma Miguel Ángel Blanco, uno de los miembros del Seprona que inspecciona los municipios del cinturón de Doñana , desde Moguer a Bonares, desde Palos hasta Las Madres o Almonte. Lo hacen desde que comenzaron las primeras denuncias por la sobreexplotación del acuífero 27, del que se nutre y alimenta el espacio natural.

El descubrimiento del pozo obliga a parar para levantar acta y, mediante GPS marcan su localización, coordenadas incluidas, y realizan un reportaje fotográfico de apoyo. A partir de ahí, los agentes contactan con el propietario de la finca para comprobar si está o no legalizado.

Una prospección de este tipo debe contar con el permiso del departamento de Minas, la licencia de obras del ayuntamiento correspondiente y la autorización también de Medio Ambiente de la Junta.

El organismo de cuenca correspondiente, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH), y la Agencia Andaluza del Agua llevan el registro y control de los pozos que cuentan con todas las bendiciones legales para estar operativos.

En caso contrario, no hay más opción que cerrarlo. «La responsabilidad recae en la empresa que lo realiza y en el titular del terreno», indica Blanco, siguiendo la normativa de Minas y las medidas de seguridad que se recogen en Reglamento del Dominio Público Hidráulico para el sellado de captaciones de agua subterránea.

Medidas que se van desde la señalización mediante baliza o el mallado del pozo, la construcción de un brocal y su tapado, «con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno y la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos». Las sanciones administrativas quedan en manos de Minas hasta que a partir de 2005 se empieza a luchar también desde la vía penal contra las prospecciones y pozos ilegales con las armas que dan los cambios en el Código Penal. «Cesa desde ese momento la sensación de impunidad y de que una obra ilegal tan sólo se paga con una multa», subraya el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores Prada , hasta ahora responsable de Medio Ambiente del Ministerio Público.

Después llegaron las primeras condenas –más de una veintena por balsas ilegales-, sumando los casos por cambios de uso del suelo de forestal a agrícola que arrancan algún bocado a terrenos públicos, y la batalla contra las extracciones ilegales por el llamado «robo del agua» a Doñana.

«No me sirve eso de que cuando llegue el agua (subterráea), cerraré el pozo (como defienden algunos empresarios). Si es ilegal, si se ha hecho por cuenta del propietario y no tiene permiso, se cierra ya. Además, sabemos que pueden generar situaciones de peligro para las personas», remarca.

La construcción y legalización de un pozo ronda un coste que puede partir de un suelo de unos 1.500 euros (siempre teniendo en cuenta la zona y las características del mismo) hasta varios miles de euros. El aspecto económico está detrás de buena parte de estas prospecciones al margen de la ley.

Sin embargo, ahorrarse dinero puede salir caro. Los delitos contra la Ordenación del Territorio – se incluye en esta catalogación las obras de infraestructuras de este tipo- se pagan en los casos más graves hasta con tres años de prisión , además de la multa correspondiente y la inhabilitación.

La lucha que en la última década está dirigiendo la Fiscalía contra las construcciones ilegales en Huelva han conseguido en todo caso, según los investigadores, avanzar en la regularización. «Las sanciones son fuertes y hay mucho miedo a que se sellen los pozos», mantiene el agente del Seprona.

Tras el caso Julen los ayuntamientos están intensificando las inspeccione en sus términos. El lunes 28 de enero, el servicio de guardería rural del Ayuntamiento de Villacarrillo, en Jaén , localizó un pozo sin uso y sin protección en una finca situada en su término municipal. El pozo tiene una profundidad de 43 metros y un diámetro de 35 centímetros diez más ancho que por el que cayó el pequeño malagueño.