El PSOE andaluz apoya el cupo fiscal de Cataluña, aunque estará «vigilante»

El resto de miembros de la dirección federal, de la que también forma parte Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, dieron su aval al acuerdo que propugna que la propia Generalitat recaude todos los impuestos que se pagan en Cataluña, a imagen y semejanza de los cupos fiscales que tienen el País Vasco y Navarra. En la práctica, significa que Cataluña salga del régimen común donde están el resto de las autonomías —lo que obliga a cambiar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)— y que pase a gozar de un trato bilateral con el Gobierno central en materia de financiación. Precisamente, María Jesús Montero había mostrado su oposición a esta reclamación de los independentistas en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada hace tan sólo dos semanas.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que intervino de manera telemática en la reunión del máximo órgano del partido, defiende dar su voto de confianza al preacuerdo del PSC y ERC. Al ser consultado por ABC, afirma que la propuesta «expresa explicítamente que no puede ir contra la solidaridad territorial, sino que debe garantizarse en el conjunto de las comunidades autonómas», una condición que los socialistas pusieron sobre la mesa en la negociación y que los independentistas han aceptado.

La portavoz de ERC, Raquel Sans, que fue la primera en anunciar el acuerdo pendiente de que sea ratificado por sus bases, lo interpretó como un paso hacia el objetivo final que es «conseguir la independencia». Desde el PSOE andaluz, en cambio, creen que el «concierto económico solidario», como se ha denominado, va en la dirección de normalizar la situación política en Cataluña tras el referéndum ilegal de 2017.

Para Juan Espadas, el hecho de que el encargado de ejecutar el acuerdo sea un dirigente de su partido, en alusión a Salvador Illa, «da garantías al cambio del modelo de financiación que supone este acuerdo y que nosotros, los socialistas andaluces, solo podemos apoyar en la medida que se asegure la solidaridad interterritorial y la igualdad en la prestación de los servicios a los ciudadanos, vivan donde vivan».

El líder de la federación socialista con más militantes de España (unos 42.000) argumenta que «las aspiraciones de Cataluña de agotar las previsiones» que recoge su Estatuto de Autonomía «deben ser compatibles» con las de Andalucía y otros territorios, con sus propias singularidades. «Eso es responsabilidad del Estado y ahí no tengo dudas que estará preservado siempre por un gobierno socialista porque forma parte de nuestros principios, de los que no hemos abjurado», asegura, a pesar de que el presidente de Castilla-La Mancha haya dicho lo contrario. Emiliano García-Page denunció que el acuerdo con ERC es «una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles».

El barón manchego no es el único que lo piensa. El secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que se impuso en las primarias a la candidata del 'sanchismo', expresó su preocupación por la ruptura del principio de solidaridad.

Los socialistas andaluces no se salen del guion que marca la Ejecutiva Federal, donde Sánchez defendió que la igualdad de los españoles está garantizada. Mantienen, eso sí, cierta prudencia y abogan por respetar los tiempos y que sea el propio Illa quien explique su contenido el próximo sábado. «Es evidente que, como dice el propio preacuerdo, el detalle del mismo le corresponde a una comisión 'ad hoc' y al Estado en sus competencias. Ahí es donde estaremos vigilantes porque se asegure que los principios constitucionales se cumplen y que Andalucía no sale en ningún caso perjudicada», argumenta Espadas.

Además, «exigiremos que inmediatamente haya encima de la mesa una propuesta de financiación en los mismos términos para Andalucía que debe negociar la Junta», pero pensando lo que resulte más beneficioso para sus ciudadanos y «no para el interés partidario o electoral del PP», apunta. Espadas reconoce que tendrá que «hacer mucha pedagogía» para rebatir el relato del «agravio territorial».

En el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) no se lo van a poner fácil. El acuerdo con ERC ha hecho saltar todas las alarmas y la Junta ha anunciado que usará todos los instrumentos legales, políticos y sociales a su alcance para combatir lo que considera «un ataque frontal a intereses de comunidades como Andalucía».