Los políticos que trajeron la autonomía a Andalucía dan la voz de alarma

La negociación abierta entre el entorno de Pedro Sánchez y las fuerzas nacionalistas e independentistas de Cataluña y el País Vasco para una eventual investidura del dirigente socialista —toda vez que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, tienes escasas posibilidades de llegar a ser presidente— han provocado la mayor alarma política desde hace décadas en España. La decisión de Sánchez de buscar el apoyo de Bildu, ERC y Junts per Catalunya, tres partidos independentistas y con un claro discurso antiespañol, supone una amenaza para el modelo de Estado que establece la Constitución, basado en el equilibrio territorial y articulado entorno a 18 comunidades autónomas con los mismos derechos y obligaciones.

Los primeros datos que se van filtrando de los contactos corroboran esta percepción. Los posibles socios han deslizado tres reclamaciones para apoyar a Pedro Sánchez en el Parlamento: derecho de autodeterminación, amnistía para los políticos presos por la intentona golpista de 2017 y condonación de la deuda de Cataluña, cifrada en 71.000 millones de euros. El pasado 17 de julio el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, prometían durante un acto conjunto celebrado en Barcelona «referéndums de autodeterminación simultáneos» en Cataluña y el País Vasco. La reciente visita de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, a Waterloo para reunirse con el líder separatista Carles Puigdemont demuestra, por otra parte, los contactos con Junts para «explorar todas las soluciones democráticas», señaló Díaz, y cerrar un acuerdo de investidura. En su posterior comparecencia ante los medios en Bruselas, Puigdemont explicó que «esto no es un parche para parar a la derecha. Si hay acuerdo tiene que ser histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen o gobierno han intentando desde 1714».

El escenario negociador que dibujan estos contactos pone en cuestión la continuidad del País Vasco y Cataluña en el régimen autonómico vigente desde 1978, o cuando menos revela una amenaza para el equilibrio interterritorial que se ha mantenido en España, mal que bien, desde que los ciudadanos refrendaron en las urnas la Carta Magna con una abrumadora mayoría. Desde Andalucía se sigue con recelo los contactos del PSOE y Sumar con los nacionalismos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló el pasado domingo en el acto con el que el PP abría el curso político que no permitirá «bajo ningún concepto» que, en el marco de sus «negociaciones» con partidos nacionalistas e independentistas para lograr una nueva investidura como presidente del Gobierno, «se pisoteen los intereses del pueblo andaluz».

Con muchos matices, la situación evoca la que se vivió en 1977, cuando el pueblo andaluz se echó a la calle para reclamar el mismo trato que a las entonces denominadas 'comunidades históricas' —País Vasco, Cataluña y Galicia— en el camino hacia la autonomía, un proceso reovindicativo que cristalizó en el referéndum del 28 de febrero de 1980.

Tres protagonistas de aquella época de tres partidos diferentes coinciden en ABC para defender el modelo autonómico de la Constitución de 1978 y alertar del riesgo extremo de la situación política actual. Soledad Becerril, exministra con UCD y exalcaldesa de Sevilla con el PP; José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta con el PSOE, y Alejandro Rojas Marcos, exalcalde de Sevilla con el PA muestran su preocupación por la deriva que está tomando las negociaciones de Pedro Sánchez para lograr su investidura como presidente del Gobierno y alertan de que está en peligro aquello que se logró con tanto esfuerzo en los albores de la democracia española.

Los dirigentes de la generación que defendió los intereses de Andalucía discrepan en los matices, pero coinciden en que las contraprestaciones que obtendrían los partidos de Cataluña y el País Vasco a cambio de apoyar la investidura de Sánchez supondrían la destrucción del equilibrio interterritorial recogido en la Constitución. Está en juego por tanto, el gran logro de una generación política y, por extensión, el modelo constitucional de España.