Torrox indemniza con 4,7 millones de euros a su exrecaudador 30 años después de su despido

Fue el 2 de febrero de 1990 cuando el pleno de Torrox, presidido entonces por el socialista Ildefonso Mateos, acusó al recaudador de abandono de sus funciones . Lo hizo por su trabajo sobre la contabilidad de los años 1988 y 1989. En base a esto, se acordó prescindir de sus servicios, pero Barragán no estaba conforme con su destitución y denunció al Ayuntamiento.

El exrecaudador municipal habría sido cesado de su cargo sin concederle los tres meses de preaviso estipulados en el contrat o firmado entre ambas partes. Esto inició un pleito que se ha resuelto a favor del despedido, que llegó a reclamar una compensación económica de más de 12 millones de euros . En un primer momento, en los años 90, Barragán cobró 1,2 millones, pero el proceso siguió abierto.

El expediente jurídico se ha cerrado este pasado miércoles, después de que fueran aceptadas, al menos en parte, las alegaciones presentadas por el actual alcalde, Óscar Medina, en diciembre de 2016. Se consiguió que los tribunales redujeran hasta los 4,5 millones la indemnización . Es cuando el propio regidor apuró una última negociación entre las partes, que han acordado definitivamente la cantidad de 3,5 millones de euros para dar carpetazo al asunto.

El caso se resuelve con un acuerdo de liquidación de la indemnización por un total de 4,7 millones de euros, sumando lo acordado ahora y lo ya cobrado hace décadas. Las arcas municipales se ahorran siete millones de euros por el acuerdo suscrito entre el alcalde y el exrecaudador este pasado martes, pero sufren un bocado importante.

Torrox tiene para este 2020 un presupuesto de algo más de 22 millones de euros. La indemnización de 4,7 millones de euros supondría un 21 por ciento de las cuentas fijadas para este año . Aunque también conlleva que el Consistorio da por finalizada una de sus páginas de mayor controversia, según el propio alcalde, «por las constantes negligencias cometidas por el Ayuntamiento en defensa de los intereses de los vecinos durante todo el proceso judicial».