Marbella dice ahora que abrirá expediente informativo por la boda del «amigo» del alcalde

Según el portavoz municipal, se va a instruir el citado expediente para ver qué tipo de responsabilidades habría que depurar o qué sanciones, si fueran necesarias, se deben pedir. El citado expediente deberá averiguar por qué cinco agentes de la Policía Local estaban presentes en conocida como «la boda montada», dos de ellos vestidos de media gala y a caballo, para hacer de escolta de los novios. Una celebración en la que el padrino era el propio jefe de la Policía Local , a la que asistieron miembros del equipo de gobierno y que fue oficiada por el propio alcalde de la ciudad, José Bernal.

El gobierno socialista ahora pretende averiguar lo sucedido el pasado viernes 3 de junio, tras tachar la escolta a caballo de «exceso» y decir que, pese a que el alcalde era el encargado de oficiar y miembros del equipo de gobierno eran parte de los invitados, nadie sabía nada de la escolta montada. En una primera instancia se dijo que los agentes estaban allí «voluntariamente» y luego se cargó con la culpa de todo al jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya , que está en la ciudad en comisión de servicio renovable en septiembre –según el PP–. «Fue una decisión del jefe de la Policía», argumentó Porcuna en rueda de prensa. Un comparecencia en la que aseguró no se tomaban medidas sancionadoras porque no se había producido una «utilización incorrecta del material».

Ahora el gobierno recula , en parte por la presión social y mediática, sobre los hechos, que desde la oposición se han llegado a tachar como «episodios del GIL». Habrá que ver en qué acaba todo el asunto de «la boda montada», pero lo cierto es que ya ha levantado ampollas y han comenzado a sonar avisos por la comisión de varios delitos . La plataforma ciudadana Recupera Marbella remarcó que la Policía y sus caballos no están «sujetos a ninguna ordenanza fiscal que regule su uso para fines privados», por lo que no se podría haber llevado a cabo la escolta.

Razones por las que el PP cree que el episodio puede ser «constitutivo de varios delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias». Los populares ya pidieron el lunes por escrito, que sigue sin respuesta, toda la información relativa al acontecimiento y creen que lo que se ha hecho es «un enjuague». « Parece un pacto entre el jefe de Policía y el equipo de gobierno para que el primero se coma el marrón y los segundo aseguren de que no haya consecuencias», señala Félix Romero , portavoz del PP en asuntos de Seguridad Ciudadana.