El futuro de La Bajadilla de Marbella tras la fuga del jeque Al-Thani

El anuncio de su reactivación ha devuelto la esperanza de que la ciudad pueda recuperar un proyecto emblemático para su desarrollo turístico y portuario. El director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez-Ossorio, ha señalado, en el marco del Congreso de Infraestructuras del Transporte de Andalucía celebrado este jueves 23 de octubre en Málaga, que la Junta «espera tener otorgada la concesión de la marina en el primer semestre de 2026».

La reactivación llega con modificaciones sustanciales respecto al diseño que impulsó el jeque del Málaga C.F., Abdulá Al-Thani: desaparece el hotel de diez plantas, incompatible con la normativa de Costas, pero se mantienen el crecimiento de la zona de atraques y la ampliación del área comercial. La Junta validó en abril la tramitación mediante Autorización Ambiental Unificada, un procedimiento que acorta plazos y facilita que la licitación arranque con mayor seguridad jurídica.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, ha calificado junto a Álvarez-Ossorio la concesión anterior de «fracaso» y ha recordado el precedente de la Marina de San Andrés, donde fue necesario un segundo concurso para enderezar el proyecto.

La prioridad ahora es blindar los pliegos para atraer inversión solvente y evitar ofertas inviables. Álvarez-Ossorio ha sostenido que, «igual que se cuidan las bajas temerarias cuando son otros los que nos ofrecen servicios, también hay que cuidar las altas temerarias» en concesiones de larga duración, mientras que Rubio ha subrayado que «cuando una administración saca un pliego busca relacionarse con el concesionario más fiable, porque es una relación a muchos años».

El contexto explica la prudencia. La ampliación fue adjudicada en 2011 a una UTE (Unión Temporal de Empresas) liderada por la sociedad del jeque Al-Thani, con un canon de 84,84 millones de euros, para ejecutar una inversión anunciada cercana a 100 millones. El plan original contemplaba 541 nuevos atraques (hasta 803 en total), un dique exterior de 910 metros, un muelle para cruceros y 23.000 metros cuadrados de área comercial.

Nada de eso llegó a materializarse: la APPA abrió expedientes por incumplimientos graves, no se entregó el proyecto constructivo en plazo, no se iniciaron obras y se acumularon impagos del canon. Entre 2016 y 2018, el proceso quedó zanjado con la resolución de la concesión por la Junta y sentencias firmes del TSJA y del Tribunal Supremo que anularon la licitación y extinguieron los derechos del concesionario.

En paralelo, el fiasco dejó un reguero financiero: la UTE apenas elevó capital hasta 5,3 millones, abonó cánones atrasados de 2012-2013 y mantuvo deudas posteriores, además de una condena por 3,86 millones al estudio del arquitecto José Seguí por impago de honorarios. La desinversión obligó a la administración autonómica a asumir gastos urgentes para mantener operativas las instalaciones. Desde entonces, el puerto funciona bajo gestión directa de la APPA con servicios básicos de vigilancia, marinería y limpieza, a la espera de una nueva concesión que permita acometer la ampliación.

El diseño actualizado preserva el trazado circular del dique y los nuevos pantalanes, incorpora 10.345 metros cuadrados de usos comerciales y de ocio, una terminal de cruceros de 1.000 metros cuadrados, oficinas administrativas y equipamientos para la flota pesquera, lonja con aula del mar, fábrica de hielo, vestuarios y capilla, y reordena los amarres para admitir embarcaciones de mayor eslora. La modernización de suministros (agua, electricidad, depuración y energía solar) y la mejora de la eficiencia operativa completan un plan que apunta a elevar la competitividad del recinto.

Para Marbella, la ampliación de La Bajadilla es una oportunidad de impacto inmediato en empleo, actividad náutica y atracción de tráficos de crucero de menor porte. Tras la espantada de Al-Thani y los años de bloqueo, la responsabilidad recae ahora en una adjudicación con criterios de solvencia y en una ejecución vigilante por parte de la administración.

Si se cumplen los hitos que ha fijado la Junta, adjudicación en 2026 y pliegos a prueba de «altas temerarias», el puerto puede dejar atrás su condición de símbolo del desencanto y convertirse en un motor económico que la Costa del Sol lleva demasiado tiempo esperando.