Las claves de por qué Isabel Pantoja tiene que entrar en la cárcel

En el caso de Isabel Pantoja, los jueces consideraron probado que ella «permitió» el blanqueo de 1.187.948 euros obtenidos de forma «ilícita» por su pareja y que estos fondos se mezclaron durante tres años y por medio con los ingresos que la cantante recibía por sus galas u otras operaciones en las cuentas y sociedades que tenía a su nombre.

En la sentencia que la condenó hace año y medio se detienen los jueces en determinar el inicio de la relación entre Pantoja y Julián Muñoz, una relación «íntima», aseguran, desde la segunda mitad del 2002, cuando el entonces alcalde de Marbella ya tenía en curso varios procesos penales. Ello les lleva a concluir que la cantante «conocía las actividades delictivas» de Muñoz.

Tanto la Audiencia de Málaga como el Supremo mantuvieron que la cantante sabía que «el dinero de Julián Muñoz que ingresó en sus cuentas bancarias y con el que operó en la adquisición de valiosos bienes procedía de las actividades delictivas en las que se hallaba implicado». Su defensa siempre ha sostenido que tenía capacidad económica propia.

Antes de hacer oficial su relación, en junio del 2003, ambos coinciden en el expositor de Marbella en Fitur y la cantante se interesa por la compra de un apartamento de lujo en el Hotel Guadalpin, una operación que a la postre se convirtió en una de las principales pruebas en su contra. La pareja se rompió a finales del 2006, con Muñoz ya en la cárcel.

El auto dictado hace dos semanas recoge que ambos, desde el principio, tenían «un plan preconcebido» para aflorar le dinero de origen turbio y disfrutarlo en beneficio propio, una actividad que se intensificó en los primeros meses de su relación. La cantante actuó «con desprecio absoluto, como mínimo, a sus vecinos de Marbella», dijo la fiscal anticorrupción.

En 2003 la cantante tuvieron unos ingresos superiores a los de los seis anteriores años, según recoge la sentencia. El total de lo acumulado en cuentas y sociedades superó los 600.000 euros, y según el Tribunal, parte importante de tuvieron origen «desconocido y no justificado». Este año se produce la compra del apartamento de lujo (más de 300.000 euros en efectivo) se fragua la operación del chalet «Mi gitana» y la pareja pone en marcha un negocio ganadero.

«El desproporcionado incremento de patrimonio» continuó durante 2005 y 2006 y las empresas de Pantomar SL, que gestiona las galas musicales, o Panriver 56 SL, que facturaba los negocios de restauración y ocio de Pantoja, siguieron sumando ingresos pese a su escasa actividad o el cese de explotación del negocio, en este último caso.

El dinero fluía de unas cuentas a otras o de estas a las empresas y el resultado era una «confusión patrimonial completa», asegura la sentencia. La Fiscalía de Málaga argumentó para oponerse a la suspensión de la pena de cárcel que la cantante «aprovechó su relación sentimental favoreciendo con la intimidad que aquella proporcionaba, la ocultación y opacidad de sus actos».

Los reproches por la actitud de la cantante han sido una constante en estos meses. Ya en la sentencia se decía que no ofreció explicaciones suficientes y contestó con un «marcado tono declaratorio». En fuentes de la Audiencia se resalta su actitud «victimista» y que «confundió la sala de vistas con el escenario» .

Según detallan los jueces en la sentencia de abril de 2013, cuando existen pruebas de cargo suficientemente serias de la realización de un acto delictivo, como es el caso, «la ausencia de una explicación alternativa por parte de la acusada refuerza la convicción de culpabilidad».

No sólo no se explicó sino que tampoco se arrepintió de sus actos. En el auto que le negó el perdón hace dos semanas, se incluye este elemento como uno de los fundamentales para negarle la suspensión, una opción con la que contaba Pantoja en función de la pena que se le había impuesto.

Para los magistrados, la cantante debería haber mantenido una actitud «prudente y silente», en lugar de exponer públicamente que no reconocía haber realizado el delito. Para la Fiscalía también ha sido decisiva su «falta de colaboración», el no reconocer el error cometido o arrepentirse de su actuación.

Para los jueces resulta «incuestionable» la gravedad de la conducta de Pantoja, una conducta cuya trascendencia y repercusión en la vida social española es enorme, hasta convertirse en «paradigma de ilegalidad criminal en el aprovechamiento privado y torticero del patrimonio público y, en tal sentido, de enorme gravedad social.

Para los magistrados de la Sala, la «peligrosidad objetiva e intrínseca» de Pantoja fue otro de los argumentos para negarle la libertad, una peligrosidad que se deriva de la entidad de los hechos por los que fue condenada, sus circunstancias personales y su conducta.

La tonadillera albergó hasta el último momento la esperanza de librarse de la cárcel, pero la Sala de la Audiencia de Málaga empleó otro argumento para negarle esta posibilidad, que la pena cumple, también, «una función de restablecimiento de la confianza de la comunidad vulnerada por el delito».

«La finalidad resocializadora de un penado -argumenta- no es la única que puede perseguir la pena, sino también la prevención general, la seguridad colectiva y el interés social».

Los jueces argumentaron también que enviar a prisión a un condenado, que supone la sanción más dura del ordenamiento jurídico, pretende «servir de freno» a otras personas que se vieran tentadas a delinquir, logrando así una función coercitiva y ejemplarizante.

Además argumentan, recogiendo la posición de la Fiscalía, que la lucha contra la corrupción es «una prioridad absoluta», por cuanto supone «uno de los ataques más demoledores que puedan infringirse a una sociedad democrática».