La Junta de Andalucía llevará de forma inminente la ley de Vivienda de Sánchez al TC por invadir competencias

«El dictamen avala nuestra propuesta de inconstitucionalidad en la mayoría de los artículos y disposiciones dejando claro que es una norma que invade las competencias de la autonomía andaluza y por tanto debe ser recurrida«, afirmaron fuentes del Ejecutivo comandado por Juanma Moreno.

Desde esta cartera se informó, además, de que la intención es solicitar la autorización del Consejo de Gobierno en su próxima reunión antes de las vacaciones para elevar el recurso dentro del plazo establecido de tres meses«.

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Fernando del Valle

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Es una decisión que apoyan de manera diáfana los promotores, que desde el principio han visto en esta norma un verdadero obstáculo, muy intervencionista, para la puesta real en el mercado de vivienda con la que solucionar el problema de acceso a la misma que se vive en muchas capitales de nuestro país.

Desde la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores), se mostraron absolutamente partidarios de esa impugnación. Pero van mucho más allá. Consultado por ABC, su presidente, Ignacio Peinado, destacó que más allá de la posible vulneración del ámbito competencial andaluz en materia de vivienda —lo que que ya de por sí fundamentaría sobradamente la impugnación, indica— la norma estatal debe ser modificada «porque se ha instrumentado en la dirección contraria al objetivo último que pretende lograr: la generación y puesta en el mercado de vivienda asequible«.

Peinado lo deja claro. «La implementación de medidas que restrinjan las facultades inherentes al derecho de propiedad de los ciudadanos, como la limitación de los precios del alquiler, afectará gravemente al desarrollo de una mayor oferta de vivienda y se traducirá en una subida generalizada del precio de los alquileres«.

El presidente de los promotores abunda afirmando que «se trata de un error en el que ya incurrieron, sin éxito, otros países europeos, y el resultado fue el contrario de lo esperado». Peinado incide en esos efectos perversos, por considerar que la nueva norma «al modificar la ley del Suelo, incrementando el porcentaje de reserva de VPO, va a provocar como efecto inducido, el encarecimiento del precio de la vivienda libre pues, necesariamente, su producción se verá reducida, trasladando una mayor presión sobre el precio». Es por eso que al margen del recurso ante el TC, desde esta patronal piden al nuevo gobierno que salga de las urnas que la reelabore «de manera alejada de dogmas políticos».