La ley de Vivienda de Sánchez, una «redacción pésima» que lleva a interpretaciones «absurdas»

Sus miembros han sido claros. En un demoledor dictamen de 47 folios al que ha tenido acceso ABC que fue aprobado el pasado jueves, dejan patente que buena parte del articulado de la ley, aprobada en pleno proceso electoral para los pasados comicios municipales, puede conculcar la Constitución por cuanto invade claramente competencias de la comunidad autónoma. No sólo eso. El informe habla de una «redacción pésima« que puede llevar a »interpretaciones absurdas«.

Se trata uno de los principales argumentos que, durante su proceso de tramitación y aprobación, generaron un notable rechazo en torno a una normativa que se calificó como exageradamente «intervencionista«.

Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, pero también el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria votaron en contra de la citada ley cuando fue refrendada por el Congreso a finales del pasado mes de abril alegando que conculcaba la potestad de las comunidades para legislar en materia de vivienda. El candidato popular a las elecciones generales de mañana, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que derogará la ley si termina gobernando después de la cita con las urnas.

Así las cosas, se espera que el Consejo de Gobierno de la Junta tome en los próximos días conocimiento del dictamen, con lo que la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional puede ser inminente. Andalucía no es la única comunidad que ha anunciado este recurso. El Gobierno madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, formuló el recurso ante el TC esta misma semana alegando los mismos motivos por los que el Ejecutivo andaluz ha sacado las garras.

La petición de este dictamen se realizó el pasado 4 de julio. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, explicó los recelos del Ejecutivo regional por una norma, la Ley 12/2023 que, entendía, constituía una clara intromisión en las competencias que tiene la Junta para diseñar su política de vivienda.

Lo hacía amparada en las tesis del Gabinete Jurídico de la Junta, que ya apuntaba a una regulación «tan completa y acabada que no deja espacio alguno al legislador autonómico». Pero no obstante, y antes de la presentación del recurso ante el TC, anunciaba que se pediría opinión al Consultivo.

Y este órgano, que aporta cobertura jurídica a la administración, le ha dado la razón en gran parte de sus argumentos.

De los 18 artículos de la Ley de Vivienda sobre los que le pedía opinión, el Consejo Consultivo encuentra fundamentos de invasión de competencias autonómicas en un total de 14, además de en tres disposiciones. En román paladino, pone de vuelta y media la controvertida ley que Sánchez pactó con ERC y Bildu.

Todos los reparos de este órgano, emitidos en un dictamen de 47 folios, hacen referencia a cómo la normativa aprobada por el Ejecutivo central en plena campaña electoral de las pasadas municipales son lesivas con las competencias autonómicas.

Lo hace en aspectos como la definición de vivienda protegida o el concepto de 'gran tenedor', con el que se apuntaba a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial.

Pero también con otros muchos preceptos que entiende vulneran el principio de que es la comunidad autónoma la debe dictar su política de vivienda. En otros de los que denunciaba la Junta sin embargo —una exigua minoría— los miembros de este órgano han terminado por colegir que no invaden competencias delegadas en Andalucía.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con el artículo 17 de la mencionada ley, dedicada a la regulación de las «viviendas asequibles incentivadas«. El Consultivo entiende aquí que la proposición realizada por el Ejecutivo central »no produce el efecto de complementar la normativa autonómica«, pues deja en manos de las administraciones impulsar o no esta clase de vivienda.