El fiscal pide el sobreseimiento de las diligencias abiertas a una concejala del PP de Jaén por fraude

El caso se remonta a 2012, cuando el Ayuntamiento de Jaén contrató con carácter de urgencia a una empresa zamorana para sustituir a la que hasta ese momento se había hecho cargo del mantenimiento de las fuentes públicas, que dejó de prestarlo por problemas de liquidez derivados de la crisis económica . La imprevista situación motivó que el equipo de gobierno del PP adoptara la decisión de adjudicar de inmediato el servicio.

Las prisas no fueron buenas. La nueva adjudicataria presentó facturas por trabajos que no había realizado e infló el precio de determinados productos, según el informe de la Guardia Civil que apuntala la instrucción del magistrado del juzgado número dos de Jaén, Antonio Valdivia , quien investiga, entre otros, al entonces alcalde de la ciudad, José Enrique Fernández de Moya , así como a los concejales Manuel del Moral y Rosa Cárdenas .

Las defensas de ambos concejales han solicitado la revocación, pero el ministerio público sólo pide el sobreseimiento provisional para Rosa Cárdenas, por considerar que ésta tuvo sólo una relación indirecta con los hechos, ya que, aunque firmó en su día el documento que oficializaba la relación entre la empresa Matinsreg y el Ayuntamiento, lo hizo, a su juicio, porque en ese momento ejercía como alcaldesa accidental .

En el escrito remitido al juzgado de instrucción número dos, el fiscal jefe señala que, fuera de eso, Rosa Cárdenas no tuvo «participación ni concierto alguno con las personas que son investigadas por participar en las reuniones previas a la elaboración del documento, ni con las que lo redactaron ni con las que participaron en los hechos ocurridos ». En concreto, la presentación de las facturas, visados y levantamiento de reparos de legalidad.

Carlos Rueda considera que ni Rosa Cárdenas, ni el actual alcalde, Javier Márquez , que también firmo facturas relacionadas con Matinsreg, han cometido ilegalidades. Y esto, porque, según el fiscal, no se ha probado la relación entre la concejala y las personas investigadas a la que, tanto el juez como el ministerio público, acusan de esquilmar las arcas municipales para conseguir un enriquecimiento injusto.