La guerra contra la venta ilegal en la playa estalla en Huelva

El Ayuntamiento costero se ha propuesto poner fin a la venta ilegal en sus playas y las intervenciones y decomisos se producen día sí y otro también en los 14 kilómetros de arenas que van desde La Canaleta hasta El Portil .

La guerra declarada a la venta no autorizada estallaba esta semana en Punta Umbría cuando en una de las intervenciones contra «los ilegales», el jefe de la Policía Local fue apuñalado hasta en tres ocasiones por uno de estos vendedores a la vista de decenas de personas, mientras otros tres agentes resultaban también heridos en la escaramuza. El saldo, tres detenidos que están a la espera de juicio con el agresor en prisión provisional.

Entre los bañistas, división entre los que apoyan la actuación de los agentes y los que salen en defensa de los vendedores no autorizados – es el caso de uno de los detenidos, un veraneante de Badajoz-, que han recorrido las arenas de Punta Umbría empujando carros con neveras cargadas de bebidas frías que publicitan a voz en grito y hasta con megáfonos.

«Alguna vez les he guardado la nevera, aquí en la sombrilla, cuando han tenido que hacer una gestión fuera de la playa. Cada año al comienzo del verano me preguntan hasta por mi madre, que está mayor…y hablamos mucho. A los de esta zona los conozco desde hace años», comenta una veraneante con segunda residencia en la conocida playa de Huelva.

Antes del ataque al jefe de la Policía Local, las carreras de los vendedores ilegales y los enfrentamientos con agentes se han venido repitiendo en los últimos años con mayor o menor frecuencia y gravedad, e incluso con cruce de denuncias en la Guardia Civil.

La tensión arrastra desde el verano de 2013, cuando cambió el escenario en el municipio : el Ayuntamiento reguló por primera vez la actividad y adjudicó a la empresa Bebidas y Snacks Playas de Punta Umbría S.L la concesión del servicio de explotación de venta de productos en la playa. Los vendedores que hasta ese momento se dedicaban por su cuenta a ofrecer esos productos – con pago de licencia- quedaron entonces al margen de la legalidad.

«Nuestros trabajadores tiene miedo a represalias y enfrentamientos, se sienten inseguros », afirma el gerente de la concesionaria, Manuel López Cordero, con 20 empleados trabajando, con registro sanitario y carros adaptados para el servicio que prestan en la playa. A los legales, se les identifica por un uniforme amarillo.

La empresa, añade, lleva unos tres años poniendo denuncias ante el Instituto Armado por la situación, incluida la venta de productos por los ilegales «que pueden estar en mal estado» y por supuestas intimidaciones a sus trabajadores.

López Cordero acusa de «dejadez» a las administraciones, desde el mismo Ayuntamiento, a Sanidad o Hacienda o el departamento de Seguridad Social. «Hay dejadez, saben lo que está pasando en la playa y lo están permitiendo», mantiene.

López Cordero y un socio de la empresa acaban de ganar dos juicios (en vía Penal y Civil), asegura el gerente, después de cuatro años desde que fueran detenidos (agosto de 2014) por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo, por presunto delitos contra el derecho de los trabajadores y fraude, de los que han sido absueltos.

«Después de toda una vida trabajando tuvimos que estar en calabozos, gastar miles de euros en abogados, por ayudar a personas y darles trabajo», se lamenta.

En el otro frente, los no autorizados. «Nosotros no somos ilegales, somos vendedores habituales ». Evaristo Martínez González pertenece a una de las familias que lleva varios lustros recorriendo la playa y vendiendo a veraneantes. «Mira las fotos, no hay mejor prueba de que llevamos toda la vida aquí, y las publicaciones en los periódicos».

Hasta que el Ayuntamiento comenzó a regular la actividad hace seis años, los vendedores pagaban 150 euros por una licencia que les permitía vender los meses de verano e ingresaban en una cuenta bancaria que el Ayuntamiento les daba para hacer los ingresos. Guardan algunos resguardos. “Hemos trabajado de forma legal”.

Martínez afirma que el Ayuntamiento sacó la concesión sin contar con el colectivo al que pertenece. «Nosotros teníamos prioridad pero lo hicieron todo a puerta cerrada, no nos avisaron de que salía la concesión y cuando nos enteramos, ya estaba todo hecho».

Desde el apuñalamiento al jefe de Policía, en la playa de Punta Umbría, se aspira una calma tensa. El próximo 21 de agosto se celebrará en Huelva el juicio por el ataque.