Una denuncia de la Guardia Civil paraliza de nuevo el chiringuito de Pepe «El Marismeño»

Según señala el decreto de paralización, firmado por la alcaldesa, Aurora Águedo, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta remitió u n oficio hace apenas cuatro días -a raíz precisamente de la denuncia del Seprona- en el que requiere al Consistorio a realizar las verificaciones pertinentes y en su caso, adoptar como administración local las medidas de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Al día siguiente de recibir el escrito de Medio Ambiente, con una isntalación que ha levantado la polémica en la provincia, los Servicios Técnicos Municipales realizaron (el 4 de julio) una visita al establecimiento en construcción, -que se encuentra a un 60% de ejecución según el Ayuntamiento, constatando que la distribución interior de estancias del cuerpo cerrado del establecimiento, no se corresponde con la del proyecto de obras autorizado en la licencia otorgada. En este punto, señala que sí se corresponde con la del reformado presentado por la sociedad Tanajale S.L., en la que participa Pepe El Marismeño, tramitado en fecha 20 de junio de 2017 y presentado en registro de Medio Ambiente un día después. pero que aún, no ha sido aprobado, y por consiguiente, legalizado

«La concesión del chiringuito se ampara en una resolución de la Consejería de Medio Ambiente, dada en virtud de un proyecto que ahora se reforma, por lo que –considera el Ayuntamiento- resulta conveniente que se remita copia de dicho proyecto reformado visado a dicho organismo, en aras de que se determine por éste lo procedente con respecto a la modificación, adaptación, o posible adenda , en la que la resolución final de la concesión, se refiera al proyecto reformado que se pretende ejecutar». El documento no hace referencia a los materiales utilizados en la construcción, que se está haciendo de hormigón y ladrillo. 

«La legalización de las citadas obras, no podrá resolverse, hasta tanto se resuelva lo procedente en cuanto al extremo señalado, por parte de la Consejería de Medio Ambiente», indica la resolución. 

Ante esta situación, el Ayuntamiento incoa el oportuno y preceptivo expediente de Protección de la legalidad urbanística , y los servicios técnicos proponen además un expediente sancionador a Tanajale, al objeto de llevar a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística, y de imponer al presunto infractor, en su caso, la sanción que en derecho proceda.

Así, se dicta la paralización de las obras en curso, y en el supuesto de que no se llevara a cabo inmediatamente, se ejecute el precinto por parte de la Policía Local . El Ayuntamiento da un trámite de audiencia de quince días hábiles al promotor de las obras a los efectos de que pueda manifestar las alegaciones y presentar la documentación que estime pertinente para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.