Una década en blanco para limpiar Huelva de fosfoyesos

Aquí, en la margen derecha del río Tinto, las montañas de fosfoyesos (residuo procedente de la fabricación de fertilizantes) que ocupan 1.200 hectáreas de superficie de marismas a poco más de 500 metros de una populosa barriada onubense , siguen en espera de que la empresa Fertiberia cumpla la sentencia que hace diez años la condenó a detener el vertido de residuos y a acometer la regeneración ambiental de la zona afectada.

A lo largo del año en el que se esperaba conocer en detalle el plan de regeneración de la compañía –revisado a instancia judicial– no se ha producido movimiento alguno, mientras Huelva ha visto pasar de largo las distintas fechas señaladas por la empresa para su presentación y el inicio de un supuesto calendario para echar a andar. Hasta en tres ocasiones desde la primavera a finales de 2019, Fertiberia anunció su plan y el año se cerró en blanco y sin que, de momento, haya dado explicaciones por esta demora.

Lo que sí se ha producido –coincidentes en el tiempo– son movimientos en el accionariado de la firma de fertilizantes, movimientos que han sembrado de incertidumbre la regeneración futura de la zona en la que se apilan los yesos : a comienzos del otoño, la Comisión Europea (CE) daba luz verde a la compra de Fertiberia y sus filiales por parte del grupo Triton V, una firma de inversiones con sede en el norte de Europa, que dedica atención especial a las compañías de servicios, industriales y de salud.

Tras la operación, la empresa quiso aclarar que la venta no afectaría en modo alguno en la recuperación de la zona y, aunque de forma oficial no se dio el montante de la misma, distintas fuentes la han venido valorando en unos 200 millones de euros.

¿Podría este dinero destinarse al aval exigido como garantía para regenerar los terrenos ocupados por los fosfoyesos?

A la espera de una respuesta oficial, el último paso en la vía judicial se producía en la cuenta atrás del cierre del ejercicio, cuando la Audiencia Nacional desestimó el incidente de ejecución promovido por Fertiberia y le dio un mes de plazo para que constituyera garantía – por importe de 65,9 millones de euros – para completar la regeneración ambiental de las balsas, en las que se acumulan unos 120 millones de toneladas de fosfoyesos.

La Audiencia Nacional advertía a la empresa que solo dejaría constituir garantía hipotecaria sobre los muebles o inmuebles de su titularidad en caso de acreditar «suficiente y fehacientemente la imposibilidad de constituir total o parcialmente la garantía » y que si no cumplía en los plazos y términos indicados entrarían en escena las medidas coercitivas que contempla la ley.

A estas alturas, Huelva tiene aún varios frentes por despejar en relación con las balsas de fosfoyesos, desde cómo Fertiberia va a hacer frente a los 65,9 millones para costear la regeneración de la zona, la letra pequeña del proyecto una vez recogidas las alegaciones y el informe oficial sobre el mismo. En un problema que se ha venido eternizando , queda asimismo pendiente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de restauración, anunciado asimismo para el pasado año y que no se ha emitido con un Gobierno en funciones.

Mientras, la Mesa de los Fosfoyesos de Huelva , el órgano de participación creado a instancia del Ayuntamiento para buscar una solución a las balsas y para la que se estableció una periodicidad semestral, se ha reunido en una sola ocasión en el último año, cuando se ha firmado un convenio entre el Consistorio y la Universidad onubense para «estructurar el órgano, hacerlo más efectivo y disponer de un cauce para articular la participación presupuestaria que tiene el Ayuntamiento en el trabajo del Comité de Expertos». «Resuelta esta cuestión, la Mesa tiene que coger velocidad», según el alcalde, Gabriel Cruz.

Desde la Universidad, se han incorporado algunas innovaciones en el Comité de Expertos, manteniendo la presencia y la participación de los investigadores, pero la coordinación ha quedado en manos del vicerrector de Investigación y Transferencia, Juan Alguacil.

En los cuatro años previos, desde su puesta en marcha, las administraciones implicadas (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central), además de instituciones, agentes sociales y económicos y colectivos ecologistas, así como representantes de la empresa responsable de los vertidos (Fertiberia) se vinieron reuniendo sin contar con el marco básico hasta que a finales de 2018 se aprobó su reglamento de funcionamiento.

En cuanto al proyecto de regeneración, el plan reformado –cuyo contenido aún no se conoce– está en manos de Ardaman & Associates, una firma estadounidense que Fertibería sitúa como «referente» a nivel mundial en la materia, y que ha clausurado «con éxito» más de 60 balsas de yeso en todo el mundo, similares a las existentes en Huelva.

El plan inicial de la empresa de Fertilizantes no contempla en modo alguno la retirada de los residuos de la zona, en la que se han almacenado durante varias décadas , sino su clausura mediante un revestimiento de alta densidad y su cobertura con una capa gruesa de suelo arcilloso compactado.

En su avance en el proyecto reformado, Fertiberia introduce un procedimiento de encapsulamiento de los fosfoyesos para evitar cualquier contacto con el exterior, seguido de la restauración y revegetación de los terrenos para integrarlos en la marisma, una vez drenada el agua interna del fosfoyeso y el agua infiltrada por las lluvias.

El departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía rechazó en su día el primer plan de la empresa y presentó sus alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica.

Los técnicos de la Administración andaluza consideraron que el proyecto que se había puesto sobre la mesa no subsanaba las deficiencias detectadas y hacían referencia especial a la existencia de una zona (la 4) que el proyecto dejaba sin restaurar, lo que podría incurrir a su criterio en «fraude ambiental».

En el frente opuesto a la compañía de fertilizantes, organizaciones conservacionistas y grupos como Mesa de la Ría y WWF, piden la retirada de los residuos contaminantes de la zona, al considerar que en caso contrario no se podría hablar de regeneración de las marismas, que sean devueltas a su estado originario.

Fertiberia dejó de verter fosfoyesos a las marismas del Tinto a finales de 2010, a raíz del auto dictado por la Audiencia Nacional en el que acordaba la ejecución de la sentencia de 27 de junio de 2007, en la que se decretaba caducada la concesión administrativa. Así, en vía judicial se le obligó a poner fin el vertido, ratificando la orden emitida por el Ministerio de Medio Ambiente (2003). Aunque la sentencia fue recurrida por la compañía, en diciembre de 2009 la Audiencia Nacional acordó su ejecución y el cese definitivo de los vertidos a 31 de diciembre de 2010, así como el inicio con carácter inmediato por parte de la misma empresa Fertiberia de la regeneración ambiental de la zona y la constitución de un aval como garantía.