El Consejo Consultivo obliga al Ayuntamiento a retirar la licencia de obras del Palacio de Doñana

Las obras, de hecho, planteaban una reforma integral de parte del Palacio con la intención de mejorar su habitabilidad para los investigadores y las visitas institucionales con el fin de conseguir «un edificio innovador y sostenible con el entorno» . Entre las acciones proyectadas en un primer momento se encontraban el vaciado integral de las plantas baja y primera, demoliciones generales, sustitución de carpinterías originales por otras realizadas en PVC, sustitución de ventanas exteriores, instalación de aire acondicionado y baños individuales y armarios en las habitaciones de los investigadores, todo ello con la excusa del mal estado de conservación en el que se hallaba el edificio.

El proyecto obtuvo en su momento el informe desfavorable del Ayuntamiento de Almonte, gobernado entonces por el Partido Popular , lo que llevó a la responsable del proyecto a presentar un nuevo informe en el que se justificaban las actuaciones en base a una serie de patologías presentes en el edificio y argumentaba que las obras «no aumentaban la volumetría ni la edificabilidad» y que «mejoraban la habitabilidad y no alteraban las condiciones y características del edificio ni sus elementos originales». En esta ocasión, el proyecto sí recibió el informe técnico favorable por parte del técnico municipal y en julio de 2015 , con los socialistas ya en el poder, la Junta de Gobierno Local concedió la licencia de obras.

Sin embargo, en junio de este año la Fiscalía de Huelva presentó una denuncia ante el Juzgado de La Palma del Condado contra nueve personas –p ersonal del Ayuntamiento y de la corporación municipal, del CSIC y arquitectos de la empresa constructora -, por posibles delitos de daños en el patrimonio y de prevaricación .

Finalmente, ha sido el Consejo Consultivo de Andalucía el que ha obligado al Ayuntamiento a dar marcha atrás y declarar nula la licencia . Ahora, el CSIC deberá modificar lo que haya ejecutado de forma ilegal y asumir los costes de la actuación sin perjuicio de lo que se dirima por la vía penal para todos aquellos que fueron denunciados por la Fiscalía.