Asentamientos, veinte años de «crisis humanitaria» en Huelva

Entremedias, varios cientos de inmigrantes de uno de los mayores poblados chabolistas de la provincia, levantado en el término de Palos de la Frontera, se quedaban con lo puesto tras ver cómo ardían sus pertenencias y sus casas, edificadas sobre cartones y palés de madera.

Este mayo está siendo un mes negro (otro más) en los asentamientos, de Lucena a Palos, de Lepe a Moguer, municipios en los que se concentra el grueso de los más de 30 poblados que tienen localizados las ONG y en los que se estima que viven unas 3.000 personas en los momentos álgidos de la campaña agrícola. Alrededor de unos 700 inmigrantes viven de forma permanente durante todo el año.

«Es como si no hubiera avanzado el tiempo…». Habla uno de los técnicos especializados de Cáritas Diocesana Huelva, Juan Manuel Breva, que fue testigo de cómo surgieron los primeros poblados chabolistas hace más de dos década y, a fuerza de patearlos, conoce a sus gentes y su evolución desde entonces.

«Cuando aparecieron tenían poblaciones inestables. Se creaban y finalizaban con la campaña fresera. Después, con la diversificación de cultivos, se han ido quedando y han ido aumentando». No hay agua ni luz, carecen de las necesidades básicas y están lejos de los pueblos. «Los asentamientos -denuncia- evidencian la cronificación de una situación de pobreza, pasan de ser temporeros a la exclusión social». «El drama humanitario es el mismo antes que ahora. Hay una situación de crisis humanitaria», lamenta.

Los datos indican que vivir en un asentamiento no significa necesariamente estar de forma ilegal en el país, según el último informe en el que participó Cáritas, junto con el grupo de Investigación Higia, perteneciente al Departamento de Enfermería de la Universidad de Hueva, que tras visitar un total de 23 asentamientos, concluye que el 50% los encuestados tiene su situación regularizada en España a pesar de vivir en los poblados. Dos de los fallecidos en estas últimas semanas tenían sus papeles en regla e incluso en uno de los casos, el del ciudadano de Ghana, había trabajado para el Ayuntamiento de Lucena. «Hay gente que lleva más de 10 años en sus chabolas, tienen carácter de domicilio», sostiene el representante de Cáritas.

Los asentamientos se han convertido en una constante en los campos onubenses mientras administraciones y partidos políticos reaccionan a cada incendio o incidente. Después, la situación del colectivo vuelve a caer en el olvido. «Se atiende a la situación de emergencia, no se mira al medio y al largo plazo», dice Breva para remarcar que los recursos de primera acogida «son nulos, no hay dispositivos por parte de la administración».

«No tiene sentido que uno de los lugares de España donde se necesita más mano de obra temporera carezca de una red de acogida y sostén, ni tan siquiera donde dejar una maleta o asearse», subraya.

La solución enfrenta a las distintas administraciones, ahora y hace dos décadas, cuando durante los primeros años llegaron incluso a ser desalojados y a desmantelarse.

«No se puede intervenir sin orden judicial», aclara la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, que deriva la autoridad a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, que -dice- «son los que tienen la competencia en materia de vivienda».

Parralo afirma que se han incrementado las inspecciones en las fincas agrícolas . El pasado año, con el confinamiento por el estado de alarma se recortaron al mínimo y se hicieron de forma mayoritaria por teléfono. «Nadie, ningún empresario debe dar trabajo de forma irregular», advierte. «El problema no tiene una solución fácil pero el objetivo es que estas personas puedan rehacer sus vidas».

Los ayuntamientos rebaten a la subdelegada: Lepe y Lucena del Puerto le recuerdan que ni tienen competencias (ni en Inmigración ni en Extranjería) ni tampoco recursos económicos para hacer frente al problema.

«Las administraciones locales somos los hermanos pobres y no podemos actuar», afirma el alcalde de Lepe, y a pesar de ello, ha presentado al Gobierno, a la Junta, la Diputación y el Defensor del Pueblo, un Plan de Erradicación del Chabolismo para dar solución habitacional a los temporeros inmigrantes que tiene censados y se encuentran en los asentamientos. Le faltan los fondos.

«Y somos, los pueblos, los ayuntamientos, los principales sufridores de la situación», añade el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, que considera que el problema se ha hecho crónico porque «se ha dejado de actuar» ya que hasta hace unos diez años, estos poblados se levantaban, con presencia policial y de ONG.

«Ahora hay grupos y algún sindicato que, con el mapa en la mano, les indica a los inmigrantes, dónde tienen que levantar el asentamiento», añade.