La demanda proviene de la plataforma por la defensa del río Castril y los ayuntamientos de Castril y de Cortes de Baza, que alegan que pueden «poner en riesgo el abastecimiento urbano» de agua en la comarca de Baza. Por eso, han pedido la colaboración del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, Pedro Arrojo.
La plataforma y los ayuntamientos han comunicado su decisión tras interponer una denuncia en las sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Granada. La idea de recurrir a la ONU, han explicado, se les ocurrió después de que visitaran la sede central de este organismo en Europa, ubicada en Ginebra (Suiza).
«Hemos presentado denuncia contra la CHG por poner en riesgo el abastecimiento urbano a las poblaciones de la comarca de Baza, lo que supone una vulneración al derecho humano al agua», ha explicado un portavoz de la plataforma, que ha especificado que a la denuncia se le adjunta «un informe jurídico realizado por Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo de la Unión Europea y especialista de Derecho Ambiental, en el se resalta la implicación y responsabilidad de las autoridades españolas«.
Compraventa incluso en tiempos de sequía
«A pesar de los datos conocidos, se ha permitido la compraventa o cesión de los derechos de agua sobre cuatro hectómetros cúbicos desde Baza a Almería incluso en épocas de sequía, precisamente el volumen de agua que se plantea trasvasar desde el Castril, a pesar que existen soluciones mas sostenibles y mas económicas de ejecutar«, han añadido.
Ven «mala praxis» de la CHG que, «por acción u omisión, ha permitido la extracción incontrolada de agua de los acuíferos de la comarca, con cientos de pozos y riegos ilegales poniendo en peligro el abastecimiento de agua potable a los ciudadanos del norte de Granada» mientras que «proponen como solución terminar las obras del trasvase del río Castril realizadas ilegalmente, para abastecimiento y recarga de los acuíferos previamente sobre-explotados«.
Mantienen que ello a su vez «generaría más expectativas de seguir esquilmando los acuíferos« por lo que, con esta denuncia y la visita realizada a la sede de la ONU en Ginebra, han solicitado al Relator Especial que interceda ante el Gobierno de España y a ante quien corresponda para »evitar que dicha situación siga adelante«.
La plataforma ha querido dejar claro que no está en contra del uso del agua ni en contra de los pequeños y medianos agricultores «que necesitan el agua para subsistir«. Consideran que ese es »un derecho que les corresponde tanto para los regantes de Castril como los de Baza y que no puede ser una moneda de cambio para terminar las obras del trasvase«.
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