Córdoba supera en 2021 los 1.400 casos de maltrato bajo vigilancia con 12 menores en alto riesgo de sufrirla

Del total de informes activos, 661 están catalogados de riesgo 'bajo'; 186 'medio' y 14 se encuentran en el apartado de peligro 'alto' . Todos ellos se han incrementado con respecto al ejercicio 2020: destacan los últimos por ser los más graves, que han pasado de 9 a los citados 14 (un 55,5% más).

Aquí los agentes realizan un control frecuente y aleatorio en el domicilio y lugar de trabajo de la víctima y, si procede, en centros escolares de los hijos, además de seguir los movimientos del agresor y hasta de los contactos esporádicos que este frecuente o de su entorno.

Los efectivos policiales tienen contabilizadas en Córdoba a un total de 9.624 víctimas en expedientes de casos activos (los ya citados 1.402) e inactivos (9.346); estos últimos, por determinadas circunstancias no son objeto de seguimiento de forma temporal y pueden reanudarse en cualquier momento.

En este sentido, y siguiendo con los datos de VioGen del Ministerio Interior (del que forman parte 33 municipios cordobeses) , la curva en el número total de víctimas ha sido ascendente en los últimos cinco años . Así, en 2017 se contabilizaron 6.255, que pasaron a ser 7.724 un año después. En 2019 el total iba ya por 8.293, mientras que el ejercicio pasado, en el que se desató la pandemia, el incremento fue menor: se registraron 8.937. En diciembre de este 2021 los guarismos llegan ya a los 9.346 (un 49,4% más en este último quinquenio).

Por otro lado, una docena de menores en Córdoba están en riesgo de sufrir violencia por sus padres para dañar a su madre, es decir, otra forma de violencia de género. Estos 12 niños se encuentra también en el Sistema de Se guimiento Integral en los casos de Violencia de Género.

En estos casos, y tras valorar la situación de la mujer víctima de violencia de género, la Policía determina que si existe «una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo ».

Pero estos 12 menores (11 en riesgo medio y 1 en alto) son solo el 1,7% de los 695, en total , que se encuentran dentro del grupo de casos activos en Viogén que Interior denomina como 'casos con menores a cargo de la víctima'.

Andalucía es la comunidad con más número de menores en seguimien to por riesgo , 170 (15 de ellos alto); seguida de Madrid, con 106 (7 en riesgo alto); Comunidad Valenciana, con 101 (9 en riesgo alto); y las Baleares, con 54 (6 en alto).

Pero no es la única categoría de Viogén que implica a los menores, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska hace también seguimiento de aquellos en situación de 'especial relevancia' , casos en los que la Policía recomienda a la Autoridad Judicial y Fiscal la práctica de evaluación adicional experta en el ámbito forense.

En este caso, eran 121 los menores adheridos a Viogén en Córdoba al cierre del pasado año, en su mayoría, 108, en nivel de riesgo medio, frente a los 13 en riesgo alto.

Este sistema también mantiene en seguimiento a otros 171 menores que, tras la valoración del caso de sus madres, la Policía detecta una especial combinación de indicadores que les ponen en situación de especial vulnerabilidad . En este caso, son 28 los niños y niñas que están en riesgo medio y 3 en alto.

La violencia vicaria deshumaniza a las personas más vulnerables y cercanas a la víctima de violencia machista con el objetivo de convertirlas en un objeto para aumentar el dolor y provocar el sentimiento de culpabilidad de la misma por no poder proteger a sus seres más queridos.

La Junta de Andalucía definió la violencia vicaria de forma oficial por primera vez como aquella que se ejerce «sobre los hijos e hijas y se utiliza como instrumento para dañar a la mujer».

La Policía aplica, desde 201 9 , un nuevo protocolo para la valoración del nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género; un nuevo método de actuación que contempla, entre otras medidas, la posibilidad de alertar a la autoridad judicial mediante una diligencia expresa de aquellos casos que sean susceptibles de evolucionar en violencia más grave e incluso en asesinato.Además, este protocolo tiene también el objetivo de detectar los casos con menores a cargo de la víctima «en posible situación de vulnerabilidad», según se señala en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad.