Inmatriculaciones de la Iglesia | La traición a la causa

El informe es una sucesión de información que puede obtenerse con notas simples registrales solo que realizado de forma centralizada y masiva. De hecho, no existen grandes sorpresas sobre elementos inscritos. La mayor parte son templos de culto católicos (exceptuados de registro hasta la reforma de 1998, lo que no ocurría con otras confesiones) con alguna añadidura como tierras de labor o edificios de uso civil. Sorprende una cierta falta de rigor en la elaboración del listado. En Córdoba parece no haber conventos, monasterios o propiedades de índole variada -desde colegios a centros sociales- ligados a fundaciones y órdenes de la Iglesia.

El Gobierno ha emitido el dictamen con un sorprendente discurso que puede resumirse de la siguiente manera: «Señores, aquí no ha pasado nada» . Lo que era el mayor escándalo inmobiliario del mundo mundial ha devenido en un documento que asegura, literalmente, que según la auditoría de los registradores de la propiedad no existen -en lo fundamental- inscripciones fuera de lo común. El análisis realizado por el gabinete del PSOE y Unidas Podemos ha sido recibido con todo tipo de parabienes -quién nos lo iba a decir- por las principales autoridades eclesiásticas. Entre quienes han defendido la propiedad pública de la Mezquita, huelga decir que el documento se ha acogido como una traición a la causa .

Varios partidos de izquierda -PSOE incluido- alimentaron una teoría un tanto rococó . Si se hacían públicos los bienes registrados por la Iglesia, ello llevaría a un tal nivel de indignación que multiplicaría las causas judiciales, las presiones políticas. El poder popular y tal . En realidad, los registros de la propiedad son archivos públicos. La inscripción de un bien solo implica que se encuentra clasificado en unas oficinas donde cualquier persona, institución o empresa puede consultar esos datos. Alguien puede ser propietario de algo sin que aparezca en esos registros. Si está allí, es para su general conocimiento.

El informe del Gobierno concluye algunas cosas tan interesantes como obvias. En primer lugar, que la famosa legislación «inconstitucional» de Aznar no está vigente (la cambió el Gobierno de Rajoy) y que, cuando estuvo en vigor, nunca llegó a recibir un reproche expreso del Tribunal Constitucional . Explica también que si una persona o una institución entienden que en ese listado existe una inscripción realizada de forma incorrecta lo único que tienen que hacer es reclamarlo por las vías legales que son las mismas ahora que hace muchos años. Es decir, lo mismo que podría haber ocurrido en los últimos diez o quince años sin que eso haya tenido lugar sino en casos muy concretos. Los juzgados siguen estando abiertos para quien se considere lesionado en sus derechos de forma concreta.

En contra de lo que pudiera parecer, el informe que se prometió como la mismísima panacea ha quedado reducido a una mera sucesión de cifras y letras . Se pueden cambiar muchas cosas en la vida pero la historia no es una de ellas . Y esto enseña que hay que tener cuidado con las expectativas que se generan porque, como pasa en tantas ocasiones, pueden no llegar a cumplirse.