¿Qué supone la declaración del estado de sequía en la cuenca del Gualdaquivir?

El agua de los pantanos de la cuenca, que están al 26,2 por ciento de su capacidad en la actualidad, difícilmente podrá servir para usos industriales cuando se apruebe el decreto de sequía. Una de las principales consecuencias será la restricción de los aprovechamientos y dotaciones de agua para usos industriales, como pueden ser las plantas de alperujo, entre otras.

Todos los embalses de la cuenca tendrán que garantizar una cantidad para el consumo humano. La reserva establecida por la CHG para este caso es de 400 hectómetros cúbicos en el conjunto de todos los embalses de la cuenca. Dependiendo del nivel de ocupación de cada uno esta reserva estará más o menos garantizada y se podrán permitir otros usos.

Al igual que con el consumo humano, el decreto hará una reserva para los regadíos para situaciones de emergencia y evitar la pérdida permanente de los cultivos . Para ello, lo estipulado es una reserva de 100 hectómetros cúbicos para este tipo de situaciones de emergencia, que tienen como objetivo proteger los cultivos vulnerables.

En pleno estado de sequía, con el 80 por ciento de la cuenca del Guadalquivir en situación «crítica» no se autorizará ningún desembalse en los pantanos y embalses de la demarcación. Tan sólo se permitirán aquellos que solo y exclusivamente sirvan para el mantenimiento de los caudales ecológicos , es decir, garantizar el nivel de agua mínimo para que pueda sobrevivir la flora y la fauna acuática.

Aunque depende única y exclusivamente de la voluntad del Gobierno central, la declaración de sequía puede estar acompañada de un paquete de medidas compensatorias para paliar los daños a ganaderos y agricultores por las restricciones de agua. En las sequías de 2006, 2007 y 2008 el Gobierno central impulsó medidas fiscales y económicas para paliar los efectos socioeconómicos de la sequía, como puede ser la condonación de los cánones y tariras de riego para todos los regantes.