La regularización catastral se da de bruces con la fiabilidad de los datos

El plan de regulación catastral es una especie de macroinspección para que la realidad y los datos oficiales digan lo mismo. No se trata de un procedimiento inocuo. Muchos ciudadanos, igual que tienen rentas que no declaran, cuentan con bienes no controlados . No es lo mismo una casa con una planta que otra de dos. Disponer de piscina en la propiedad que no hacerlo. Que esta sea de obra (cosa que tributa) o que sea una instalación desmontable (que no tiene efectos fiscales). Tener más o menos metros cuadrados en la vivienda. El procedimiento abierto intenta que los datos oficiales sean exactos. La clave se encuentra en la fiabilidad de los datos. Un experto en materia tributaria asegura que se están intentando cobrar como zona construida lo que solo son plataformas de hormigón para diferenciar las partes terrizas de la edificación de una parcela. Las principales desavenencias están llegando, dicen los conocedores del sector, en las viviendas unifamiliares .

El Estado ha encargado a empresas privadas que se hagan cargo de la toma de datos y ahí, dicen los profesionales del sector, es donde se encuentra el problema. El propietario recibe un documento donde se le informa que los datos catastrales no son los mismos que el personal de Hacienda se ha encontrado en realidad. Ahí es donde empiezan los líos. Buena parte de los profesionales consultados asegura haber tenido contacto con este tipo de casos. «Hay cientos», asegura un asesor tributario, « en torno a un cuarenta por ciento del total está generando problemas». «Están atascados a recursos», explica un empresario que ha sido testigo de estas situaciones, sobre todo, con propietarios de naves industriales.

La realidad es que Hacienda está usando todas las posibilidades, explican en el Ministerio. Desde visitas personales hasta drones y fotos de satélite , que son el recurso para detectar aquellos elementos no visibles: desde buhardillas levantadas sin licencia hasta reformas interiores en parcelas de gran tamaño. En el departamento de Cristóbal Montoro piden que no se ciña el problema a un uso indiscriminado de fotos aéreas. Que el trabajo es bastante más complejo y que tiene como finalidad que las personas paguen por el IBI e impuestos como las plusvalías exactamente lo que tienen que pagar.

El procedimiento ha permitido aflorar miles de viviendas que, sencillamente, no constaban para el pago del IBI. El problema, con todo, radica en las propiedades que sí estaban pagando pero a las que se les ha vuelto a analizar cuáles son sus circunstancias físicas reales por haber sido sometidas a modificaciones.

Aunque el Ministerio de Hacienda ha puesto a empresas privadas a trabajar en el tema, lo cierto es que quien paga es el contribuyente. Quien recibe la notificación del Catastro tiene que pagar, en primer lugar, una tasa de sesenta euros por el trabajo realizado por esas sociedades mercantiles. Ese es un primer problema. «Da igual que sea un piso en la avenida de Granada que un chalé de 2.000 metros cuadrados de superficie, la tasa es la misma», asegura un especialista en materia tributaria.

El siguiente problema estriba en los casos en que hay diferencia entre lo que el Catastro ha intepretado y aquellos elementos que sí se encuentran en la realidad. Como en cualquier elemento tributario, la carga de la prueba la tiene el ciudadano. Y no se trata de una multa de tráfico donde solamente la foto de un radar ya es un elemento válido. Con la descripción catastral se tiene en cuenta el suelo y el vuelo, el volumen edificado. «Para discutir la resolución, hace falta, en la mayor parte de los casos, contratar a un perito que se haga cargo de las mediciones y de los informes técnicos necesarios como para discutir la resolución», asegura un gestor con experiencia en la materia. Existen casos donde se tratan de meros errores materiales. Como relata un profesional de gestión tributaria, «que la foto aérea sea la de la casa de al lado de la persona a la que se ha dirigido la notificación».

El tercer problema se está encontrando con el procedimiento tributario propiamente dicho. Hacienda está emitiendo miles de recibos que consisten en la diferencia entre lo pagado y lo que se debería de haber abonado en los cuatro años anteriores y el recibo corriente. Muchas de estas notificaciones se están realizando con normalidad administrativa . Las asesorías fiscales han detectado un grado significativo de giros que llegan directamente en fase de ejecutiva. Es decir, el administrado se entera cuando ya le van a embargar la cuenta.