Rabanales 21 necesita 2,6 millones de euros de aquí a final de año para sortear el concurso de acreedores

Carnero ha admitido este jueves que la situación del parque es «extrema» y que no hay un acuerdo unánime para proceder a una ampliación de capital de 3 millones de euros acordada en una junta general de accionistas el pasado 7 de junio. «Hay una certeza razonable» sobre la misma, ha señalado en el turno de réplica leído.

Cajasur (10 por ciento) y Prasa (4,5%) , dos de los accionistas, se han negado a suscribirla por diferentes motivos y Caixabank , socio mayoritario con el 35,5 por ciento del parque, ha puesto como condición para acudir a dicho recapitalización que vayan todos los miembros de la sociedad. Esto es, casi el 50 por ciento de los accionistas no han confirmado del todo su participación o están en contra.

Tanto Soprea, que depende de la Agencia IDEA y que tiene un 20 por ciento del parque, como el Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO) o la Diputación de Córdoba están estudiando también el procedimiento para aprobar en su seno esta ampliación de capital.

A priori, el reparto establecido de la ampliación para todos los socios en función de su participación sería: Caixabank (1.064.000 euros), UCO (742.000 euros), Soprea (600.00 euros), Ayuntamiento de Córdoba (131.00 euros), Diputación (26.400 euros), Cajasur (300.000 euros) y Prasa (160.000 euros).

Así las cosas, Javier Carnero ha informado por el embargo adelantado por ABC de la Agencia Tributaria por valor de 240.000 euros a causa de unas ayudas del Ministerio de Economía trabado sobre un suelo y el edificio Orion de empresas y cuyo pago no se ha efectuado.

Con un problema añadido, si no se levanta este embargo (pagar en al menos cinco semanas esos 240.000 euros), no se puede negociar por ley el fraccionamiento y aplazamiento del resto de deudas que se mantiene a corto y medio plazo con el Ministerio de Economía, y que se espera que lleguen a vía de apremio en algún caso como otra deuda pendiente de los años 2014, 2015 y 2016 que asciende con recargos a 2.108.629 euros.

A esta suma se unirían otros 200.000 euros de déficit estructural de la sociedad de aquí a final de año. Estos tres conceptos totalizarían los 2,6 millones de euros que requiere la caja del parque de aquí a diciembre.

En varias ocasiones de su comparecencia, el consejero de Empleo ha puesto de manifiesto la idoneidad de ingresar 1,4 millones por la operación del parque comercial «Rabanales Plaza» en la parcela IR-4 que, precisamente, se encuentra aún sorteando trámties urbanísticos exigidos por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y la propia Junta de Andalucía, dos de los socios del parque.

Estos trámites, vinculados a su impacto medioambiental han provocado la demora en los dos últimos años del ingreso por la venta de la parcela en Rabanales 21. Con estos recursos y la ampliación de capital de 3 millones se podría salvar la sombra del concurso y garantizar, según la Junta, la viabilidad del parque dos años sentando la bases para un futuro con más garantías dando cuenta del plan de viabilidad aprobado a primeros de junio en la fase de preconcurso.

A ello también se uniría el compromiso de adquirir dos parcelas en Rabanales 21 por parte de Emacsa y Emproacsa , empresas de agua del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación, así como otra por parte de la Universidad de Córdoba.

Javier Carnero ha admitido en su comparecencia que en el consejo de administración del pasado 30 de junio, hubo «manifestaciones en favor de acudir al concurso de acreedores» como salida de la sociedad, el mismo en el que se produjeron dimisiones de los consejeros representantes de Caixabank, como ya informó ABC.

A estas discrepancias se une el interés por llegar a una mayoría de accionistas públicos con la jugada de la ampliación de capital repartiendo los porcentajes no asumidos y otro factor crucial: el riesgo de que si se llega al concurso de acreedores haya una calificación culpable del mismo. A su vez esto derivaría en una imputación de responsabilidades para aquellos consejeros que hayan demorada la entrada en el proceso de insolvencia