El PP reclamará en el Parlamento la instalación de los ascensores

La parlamentaria Rosario Alarcón considera que «la Junta de Andalucía está estafando a los vecinos» que firmaron un convenio de Colaboración con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) -ahora AVRA-, por el que les subvencionarían 75% de la rehabilitación, y el resto corría a cuenta de los vecinos. En el caso de Pocito, 3, su parte está hecha pero según su administrador, Juan Diego Palomino, están «hartos» de no recibir el dinero ni una explicación.

No es la primera vez que el asunto de los ascensores de Córdoba se trata en Sevilla. Ya se aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley para el cumplimiento de los convenios firmados. El nuevo texto del PP pide que se incluya en el presupuesto de 2018 de la Consejería de Fomento y Vivienda «la partida necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos». «No es verdad que no tengan dinero porque estas partidas las reciben del Gobierno central y sólo tienen que administrarlo adecuadamente» , puntualiza Alarcón.

La delegada de Fomento y Vivienda, Josefina Vioque, fue preguntada por este asunto en la presentación de las nuevas ayudas de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de viviendas: «Ya se dijo que los convenios que están firmados se van a respetar Se está atendiendo a esos edificios» . Y asiente al preguntarle si los vecinos van a recibir el dinero. «Después del estudio que se está haciendo», añade. La misma presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijo a los vecinos de Pocito, 3: «en un año tenéis el ascensor», en campaña electoral.

Pero la diputada andaluza Redondo pone en duda toda esperanza ante el cumplimiento de estos convenios porque «las partidas presupuestarias, aunque se cumplieran al 100%, son deficientes para todas las solicitudes» , apunta. «Sólo para poder llegar a todas las comunidades de Córdoba necesitaríamos más de 100 millones de euros», según Redondo.

Para los vecinos es una situación de desesperación. Si la nueva iniciativa del PP ante el Parlamento no da fruto, «nos metemos en el juzgado», sentencia Palomino. Es su última alternativa y le consta que una comunidad de las que tenían el convenio firmado ha llevado a los Tribunales el incumplimiento y la sentencia ha sido favorable para los vecinos. Aunque todavía no ha recibido el dinero.