Los acusados aseguran ser «inocentes» y rechazan declarar

La causa abierta , por la que se enfrentan a penas de siete años de cárcel por un delito de abusos , otro contra la intimidad y uno más de lesiones leves , ha pivotado en torno a la nulidad de la principal prueba de cargo planteada por la defensa de los acusados en el juicio a la Manada : el vídeo en el que los encasuados grabaron los supuestos abusos a la víctima.

El juez , Luis Santos, finalmente, ha determinado que dicho extremo se resolverá en la sentencia , para no incurrir en dilaciones indebidas.

Así, la defensa, ejercida por el letrado Agustín Martínez Becerra , ha mantenido que se han violado «derechos constitucionales» de sus patrocinados, ya que no existía una investigación judicial previa en relación a los presuntos abusos de Pozoblanco. Según Martínez Becerra, se inició a raíz del rastreo de sus teléfonos móviles en el marco de la causa de Pamplona , donde «mis clientes no autorizaron más investigación que la referida a los hechos acaecidos en los Sanfermines».

En este sentido, el abogado de la defensa de los miembros de la Manada ha considerado que «se ha vulnerado el derecho a la intimidad de mis patrocinados» y que la Policía Foral de Pamoplona se «excedió» al no existir motivo alguno para rastrear los teléfonos más allá de la limitación temporal que marcaba el propio auto de Pamplona.

Por otro lado, ha argumentado que la denuncia de la víctima fue instigada por la policía navarra, ya que esta no la interpuso hasta que los propios agentes se pusieron en contacto con ella . «No se puede abrir diferentes ramificaciones sobre hechos que no tienen que ver con el principal y que derivan en juzgados diferentes. Deben de existir indicios de la comision de delitos, no mera sospechas y conjeturas. ¿Quién sabía lo que había pasado en Pozoblanco? Nadie», ha dicho el abogado.

Así, ha mantenido que la investigación tuvo un «carácter prospectivo» , que careció del preceptivo «control judicial» , violando el derecho a las comunicaciones y la intimidad de sus patrocinados. El letrado, entonces, ha instado al togado a que «busque un solo documento en la causa de Pamplona en el que se pida la revisión del contenido íntegro de los móviles».

«Este juicio no puede celebrarse en base a una prueba ilícita. Es cierto que usted puede diferir la resolución de este asunto a sentencia, pero sería hacer pasar a todas las personas por un calvario absolutamente inútil, porque no entendemos que se puede obtener ningun tipo de legitimación para la obtención de esta prueba», ha asegurado el letrado defensor en la primera sesión del juicio de la Manada .

Martínez Becerra ha solicitado que se altere el orden de la práctica de la prueba para que sus defendidos declarasen tras toda la testifical, algo a lo que el juez se ha negado porque ha considerado que «son conocedores de los hechos y no existe ninguna circunstancia excepcional para cambiar ese orden».

El fiscal, así como las acusaciones particular y popular, se han opuesto a la nulidad del vídeo: « No se ha vulnerado derecho fundamental alguno . Lo que aquí se pretende es que se expulse la prueba documental, que es fundamental para sostener las pretensiones punitivas», ha señalado el Ministerio Público.

Según ha mantenido la Fiscalía, « sí existe un consentimiento expreso de los cuatro acusados para que se revisaran e inspeccionaran sus móviles una vez informados de sus derechos constitucionales y procesales, y asistidos por su letrado".

En cuanto a la actuación de la Policía Foral navarra que, según la defensa, se excedió en la investigación, el fiscal ha aludido a diversas sentencias del Supremo y el Constitucional para defender que «ante una flagrancia delictiva, la policía debe intervenir». Los agentes no podían permanecer impasibles tras descubrir la grabación de los abusos a la joven de Pozoblanco, pese a tratarse de unos hechos ajenos al caso de los Sanfermines.

Por su parte, la acusación particular , ejercida por el letrado Blas Arévalo, ha añadido que «no se hizo consta limitación alguna en el acceso a los móviles», por lo que «no puede argumentarse ilicitud probatoria».

Patricia Catalina, la representante de la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor , que ha presentado un informe complementario sobre un intento de autólisis de la víctima el pasado mes de agosto, se ha adherido a los argumentos del fiscal y ha añadido que «un agente no puede cerrar los ojos ante un hecho delictivo» . Además, ha dicho que la víctima no denunció los hechos hasta que la Policía de Navarra se puso en contacto con ella porque «no sabía quiénes eran sus agresores y tenía mucho miedo».