El macropolígono de La Rinconada termina sin hacerse y en el juzgado

La Rinconada fue, en la década pasada, la gran apuesta pública por generar suelo público industrial en abundancia ( 191 hectáreas , de las que 123 serían suelo para empresas) aprovechando una ubicación central en el territorio. Se encuadraba en el entorno de la antigua Procter and Gamble , los suelos ubicados en la confluencia entre la Autovía de Andalucía y la antigua carretera nacional, que conecta la capital con la barriada de Alcolea .

La Junta, que lideró el proyecto, llegó a un acuerdo de canje de suelo con los dueños privados de la zona. La iniciativa pública ejercería de promotor y urbanizaría los suelos - 76 millones, cifra que incluye también una cara subestación eléctrica o una conexión viaria-. Los dueños particulares, a cambio de la cesión de las parcelas, recibirían terrenos urbanizados . Iba a ser un enclave donde cupieran desde las pequeñas compañías a las grandes e incluiría una bolsa de suelo logístico.

De hecho, cuando a finales de 2016 se empezaron a poner sobre la mesa las carencias de Córdoba para aprovechar todo su potencial como centro de distribución de mercancías, se comprobó que la ciudad carecía de esas grandes bolsas de suelo que necesitan los grandes operadores logísticos: que se mueven de los 50.000 a los 100.000 metros cuadrados y más. Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se miró en aquel momento, entre otros espacios, a los suelos de La Rinconada. Y se habló de tomar medidas para habilitar esos grandes espacios, pero no se ha vuelto a saber nada.

Uno de los principales propietarios de los suelos de La Rinconada es la familia López Crespo, que aportaba unos 700.000 metros cuadrados (el 35% del total). Fuentes de dicha familia confirmaron a ABC que han entablado un litigio con la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación Autonómica (AVRA) y el Ayuntamiento. Estos interlocutores recordaron que, por los acuerdos para impulsar el parque, el 60% de sus suelos (420.000 metros cuadrados) fueron puestos a nombre de la Junta (378.000) y el Consistorio (42.000). La Administración debía proceder a urbanizar «para 2013» pero «no cumplió y hubo una prórroga», recuerdan en la familia López Crespo. Los trabajos tampoco arrancaron. «Hubiéramos dado más moratorias, pero no nos lo pidieron», añadieron.

Dicha familia contactó, sin éxito, con la Junta y Capitulares para recuperar sus terrenos, por lo que el año pasado decidieron acudir a la justicia. «Hemos tenido que recurrir a los tribunales», añadieron los interlocutores consultados. «La vista está fijada para finales de 2018 », indicaron.

La familia López Crespo, sostienen, sólo quiere «que nos devuelvan lo nuestro porque ya son muchos años». «No queremos daños y perjuicios», sentenciaron, al mismo tiempo que indicaron que, incluso, preferirían que los suelos volvieran a ser rústicos.

Tras interponer la demanda, no ha habido ninguna comunicación de la Junta de que haya novedades sobre el proyecto de La Rinconada. Estas fuentes concluyeron señalando que la familia López Crespo retiraría dicha demanda si apareciera alguna empresa grande que quiera ir a La Rinconada .