La Junta reconoce que el vertedero en llamas de Córdoba nunca superó las inspecciones

Más. Según la comunicación oficial de la Junta (que no deja que se le pregunte por el tema), «a priori» no hay causa-efecto entre esos incumplimientos y el incendio. Sin embargo, no existe todavía una tesis sobre el origen del fuego, que por otra parte es bastante habitual en este tipo de instalaciones por la presencia de elementos altamente combustibles. A tanto llega la contradicción que ese «a priori» es apriorístico . Porque se reconoce que la Junta ha abierto unas diligencias previas (que no están cerradas) sobre qué causó el fuego.

El vertedero ya no tiene una capacidad de 65.000 metros cúbicos, como se dijo inicialmente. Porque en 2013 hubo modificaciones sustanciales que elevaron exponencialmente ( hasta 20 v eces) la capacidad de vertido. Hasta 1,2 millones de metros cúbicos. O lo que es lo mismo: toda la basura urbana que produce la ciudad de Córdoba en siete años, según los datos de Sadeco.

Con elementos, además, que no son exactamente buenos para comer, como el amianto, o sobre los que se están investigando salidas en la economía circular, como las cenizas volátiles de una central térmica . Los estudios aseguran que con ellas se hace un hormigón especialmente robusto. La Junta dio permiso para que un almacén temporal que no se ha explicado quién autorizó acabase en un vertedero regulado. Tampoco se sabe si se hizo o no.

Tampoco la Junta de Andalucía ha aclarado q ué papel de control y vigilancia tenía sobre el vertedero . En concreto, sobre el control del vertedero que realizaba la empresa. Los bomberos han explicado que en las instalaciones, cuando se declaró el fuego, había una sola persona, la que hizo la llamada. Todos los documentos oficiales aseguran que este tipo de centros, por lo delicado del material con el que trabajan, han de tener personal para este tipo de contigencias.

¿Cuál es la reacción? Al Gobierno autonómico, que encomendó la gestión de la crisis al Ayuntamiento el domingo por la noche en una reunión, se le acumulan las peticiones parlamentarias de explicaciones. Desde lo más cercano a lo más político. En primer lugar, el alcalde de Encinarejo, Miguel Ruiz Madruga , ha empezado a pedir explicaciones concretas a la Junta de por qué ha estado montándole un macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos a dos kilómetros de las viviendas. «La palabra sorpresa se queda corta», afirma. Además, ha reclamado que se mande una unidad móvil de vigilancia.

Resumiendo, el Gobierno andaluz va a tener que responder al PP, Izquierda Unida y Podemos que han presetado cada uno sus respectivas iniciativas. El popular Miguel Ángel Torrico ya ha registrado una acción parlamentaria para que el consejero Fiscal tenga que dar pelos y señales de que la Junta sabía o dejaba de saber sobre la situación.

Desde Izquierda Unida, Elena Cortés llevará al Pleno una pregunta oral ante el informe desvelado por ABC (IU lo atribuye erróneamente a Aire Limpio) en el que aparecían las primeras contradicciones de la Junta. Mientras tanto, el parlamentario de Podemos David Moscoso ha asegurado que la Junta tiene que responder sobre los elementos de los que tenía conocimiento. Podemos ha pedido la comparecencia también. Todos los partidos han puesto a trabajar a sus equipos para obtener toda la documentación disponible del caso.