La juez Alaya reabre la instrucción del caso de la mina de Aznalcóllar

El auto de la sección séptima de la Audiencia requiere de la juez de instrucción que continúe investigando el asunto exclusivamente desde el punto de vista de si la Administración ha cumplido el procedimiento administrativo de contratación, según ha informado la Junta de Andalucía.

«La investigación se ciñe exclusivamente a cuestiones administrativas. Nada más. No existen caudales públicos afectados », ha subrayado la Junta.

La reapertura de la causa «no afecta en modo alguno a su adjudicación, ni suspende la actividad industrial y minera» en Aznalcóllar, donde s e han invertido 5,5 millones de euros y hay 178 trabajadores, según la Junta de Andalucía.

La reapertura de la causa se ha adoptado por unanimidad de los cuatro jueces que han participado en la deliberación del caso, entre ellos la juez Mercedes Alaya , que ha sido la ponente, ya que el presidente de la sección está de vacaciones, han señalado fuentes judiciales.

Tras explicar que el empleo «seguirá asegurado», la Junta señala que el auto de la Audiencia se centra en que la jueza de instrucción solicite, por tercera vez, un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir .

En las dos veces anteriores que se le pidió, este requerimiento no fue contestado por la Confederación , un organismo que depende de la Administración del Estado, precisa la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

«La Junta de Andalucía manifiesta su absoluto respeto a las decisiones de la Administración de Justicia y expresa su total colaboración al esclarecimiento completo de los hechos, tal y como ya hiciera en el pasado y continuará realizando en el futuro. Máxima transparencia», concluye la Administración andaluza.

El pasado 21 de diciembre, la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, confirmó el archivo del caso de la concesión de la mina de Aznalcóllar por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Minorbis (Magtel)-Grupo México tras rechazar los recursos de reforma presentados por Emerita Resources y Manos Limpias.

La juez archivó la denuncia por considerar que no existían indicios de prevaricación en la decisión adoptada por la Junta de Andalucía.

Previamente, el 6 de noviembre, la juez archivó la causa, en la que había siete imputados , entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, que fue apartada de su cargo tras la imputación judicial y luego restituida en su puesto.

La juez abrió la investigación del caso después de la denuncia presentada el 2 de marzo de 2015 por la otra empresa finalista del concurso, Emerita Resource s, que apreciaba que en la concesión se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

En el auto de archivo, la juez explicó que en la concesión de la mina, realizada el 20 de febrero de 2015 por parte de la Junta de Andalucía, no existen indicios de que haya existido un acuerdo entre los imputados para, errando a propósito en sus dictámenes, favorecer a la empresa Minorbis.

«En principio, hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto», dijo la juez antes de recordar que se hizo «teniendo en cuenta además que, con carácter previo, había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía en este concurso».