Jueces y fiscales de Córdoba alegan que el Juzgado 24 horas funciona «conforme a la Constitución y la Ley»

Los judicatura ha querido mostrar su unión en la defensa del funcionamiento del Juzgado 24 horas. Para empezar, los magistrados sostienen que «no se ha presentado queja alguna sobre el funcionamiento de dicho servicio por parte de ninguna persona que haya hecho uso del mismo, ni tampoco por parte de profesionales de la abogacía». Los abogados cordobeses presentaron sus demandas directamente al Consejo General del Poder Judicial en primera instancia y posteriormente al Tribunal Supremo.

No se ha producido ninguna detención ilegal como consecuencia de las limitaciones en los traslados de detenidos, según afirma el comunicado leído por el juez Pareja. Tampoco ha habido -desde el arranque del Juzgado 24 horas- procedimientos de «habeas corpus» , es decir, la solicitud de un detenido para comparecer de forma inmediata ante un juez para determinar si el arresto es legal o no.

Además, el protocolo establecido en Córdoba también existe en otras ciudades con Juzgados 24 horas, como Granada, Sevilla, Málaga, Madrid, Zaragoza o Valencia, ciudades citadas por el juez Pareja. Sin embargo, el comunicado no aclara si en esas urbes el protocolo también establece únicamente dos turnos diarios de traslados de detenidos. Este periódico ha intentado obtener respuesta sobre este aspecto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sin conseguirlo. Los jueces y fiscales que han comparecido hoy se han negado a responder a las preguntas de los periodistas tras leer el comunicado.

En su respuesta oficial, el juez Pareja ha recordado que el acuerdo para el transporte de detenidos cuenta con el respaldo del CGPJ y es «conforme a la Constitución y a la ley, y que, por tanto, garantiza los derechos de las personas detenidas».

Por último, los jueces y fiscales han querido destacar que en el Juzgado 24 horas no sólo se atiende a los detenidos, sino que se realizan otras funciones como los trámites inmediatos de denuncias, autorizaciones de transplantes o inhumaciones, preconstituir pruebas o actuaciones de carácter urgente en casos de violencia contra la mujer, entre otros.