Los juristas resaltan el veto total a invadir una vía pecuaria como imputan a Ambrosio en Obejo

Ese es el tipo delictivo del que la Fiscalía ha encontrado indicios en el caso del chalé de Obejo de la exalcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio . La razón estriba en dos informes distintos —uno de la Policía Autonómica y otro de la Diputación— que aseguran que se hicieron obras sin licencia en dos parcelas: una urbanizable con calificación industrial y otra perteneciente a la Cañada Real Soriana, un espacio reservado al tránsito de ganado.

Una sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 generó toda una nueva forma de aplicar esta parte del Código Penal. El fallo del alto tribunal estableció que las vías tradicionales no habían funcionado. Ese método consistía en dejar los tribunales como última ratio para los casos verdaderamente graves. La reflexión del tribunal fue que, si no lo hacían las vías administrativas, habría que tomar cartas en el asunto.

Eso ha llevado a que los tribunales sean más tajantes en los asuntos que le llegan. En 2020, se juzgaron una decena de casos . Otros tantos se archivaron por el camino. La lectura de las sentencias emitidas desde entonces realiza varias advertencias sobre la materia y argumentan las decisiones adoptadas por la Fiscalía en este caso.

Explican, por ejemplo, que basta con que se produzcan hechos objetivos. A saber: la existencia de unas obras , que éstas afecten a suelo no urbanizable protegido por alguna razón y que el promotor haya omitido el trámite de conseguir una licencia o permiso oficial necesario. Ni siquiera es preciso que las obras sean de un gran impacto o consideración. Isabel Ambrosio ha explicado que solo estaba haciendo un zuncho, una canalización. Los informes explican que era la cimentación de un cerramiento de obra que invadía la Cañada Real Soriana .

Las sentencias emitidas al respecto en los tribunales de justicia valoran en muchos casos cómo se produjo la paralización de las mismas. No es lo mismo que el promotor percibiese el error a que las detuviese una inspección de agentes forestales o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como es el caso. De hecho, el Código Penal tiene una redacción abierta sobre lo que no puede hacerse. Impide cualquier tipo de obra de construcción sobre rasante, urbanización o preparación del terreno.

El delito contra la ordenación del territorio está también directamente vinculado con la persona que presuntamente lo comete. Una persona con formación, versada en asuntos públicos, tiene muy complicado demostrar que no sabía que había que conseguir una licencia de obras. Mucho más si ha tenido cargos institucionales ligados a la protección ambiental o al urbanismo como es el caso donde la instrucción se le supone.

La defensa de Isabel Ambrosio se basa en la eliminación de uno de esos criterios básicos: los terrenos, dice, no forman parte de la vía pecuaria desde los años cincuenta . La perspectiva es derivar el asunto hacia el derecho administrativo. A una multa de las contempladas en la ley andaluza que la Diputación ya ha calificado de carácter grave. Ambrosio intenta evitar que el asunto llegue a un juicio oral contradictorio que es donde se presentan las pruebas a favor y en contra. Si la Fiscalía mantiene su punto de vista durante los próximos meses, no le va a resultar sencillo.