El comité contra el acoso sexual de la Junta en Córdoba está inactivo desde hace meses

El comité para la investigación de estas conductas se creó por parte de la entonces delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, dado que es ese departamento, ahora ocupado por Esther Ruiz, quien tiene las competencias administrativa y políticas para supervisar su buen funcionamiento. El comité desarrolla el protocolo contra cualquier clase de acoso que aprobó la Junta en diciembre de 2014 y que tiene una denuncia tipo, que garantiza la confidencialidad, desde el mes de enero de 2015.

Cuando se anunció, se explicó que este grupo de trabajo estaría encargado de verificar las denuncias que le llegaban bien de empleadas contra sus compañeros varones, bien por funcionarios que son objeto de «mobbing» por sus jefes o aquellos que son discriminados por razones de homofobia, etnia o religión. Según la norma, la Junta ha de tener cuatro grupos de investigación especializados. Uno exclusivo para los funcionarios de educación, otro para los de sanidad, un tercero para Justicia y el último para administración general. Todos los datos de este reportaje se refieren a este último, que es el que tiene que indagar las denuncias de los empleados de las delegaciones provinciales y organismos autónomos paralelos.

Fuentes consultadas por ABC explicaron que el comité contra el acoso sexual está formado por cuatro personas. Un presidente, un secretario general y dos vocales. Su composición es paritaria entre la Administración y los sindicatos de forma que dos de los miembros del grupo de investigación son funcionarios de carrera mientras que otros dos son representantes de los trabajadores.

De los cuatro cargos del consejo para prevención del acoso sexual y laboral que vigilan todas las delegaciones de la provincia de Córdoba, solo está en plenas facultades uno de ellos, su presidente. Este funcionario es el segundo que ocupa el cargo a lo largo de la escasa trayectoria del grupo de «asuntos internos» que tiene que indagar las denuncias. El primero de los empleados públicos que ocupó el cargo decidió participar en un concurso de traslados y tuvo que dejar el puesto. El nombramiento de su sustituto tardó en desarrollarse meses, tiempo en el que el comité estuvo descabezado.

La segunda de las ausencias  es la del secretario general, que forma parte de la cuota sindical prevista en el protocolo contra el acoso. Según las fuentes consultadas, el empleado que llevaba este trabajo decidió dejar el puesto por razones puramente personales. La versión corroborada es que alegó que el trabajo del comité contra el acoso sexual se comía una gran cantidad de las horas de liberación sindical que tenía disponibles.

La tercera ausencia es la de la vocal experta en materia de igualdad, que es una funcionaria del Instituto Andaluz de la Mujer. Esta empleada decidió presentarse a una plaza en otro departamento de la Junta. Según las fuentes consultadas, consiguió un traslado a otras funciones relacionadas con la estructura de Bienestar Social. Menores, en concreto. Su ausencia tampoco ha sido cubierta dejando la plaza vacante. El cuarto caso es una baja por enfermedad común. Una situación no previsible por la gestión de los recursos humanos de la Junta.