Crimen de La Chica en La Carlota | Estafa y suplantación de identidad de un enfermo mental

El caso arranca con una desaparición en septiembre de 2017 en Córdoba. La familia denuncia ante la Guardia Civil que no sabe dónde está Juan Carlos, de 45 años, enfermo mental, que vivía solo en esa aldea a poco más de tres kilómetros de La Carlota pero bajo la supervisión de sus hermanos . La Unidad de Policía Judicial comienza las pesquisas para dar con su paradero y recoge testimonios de su entorno. Familia, vecinos, amigos, cámaras de seguridad, rastreo a través de antenas de telefonía, ordenadores, todo bajo lupa.

La familia siempre mostró a los agentes sus sospechas vertidas sobre un conocido de Juan Carlos que venía de Ciudad Real , que le visitaba y que algunos vieron que vestía con sotana. Se trataba de P. G. La víctima lo había conocido a través de un abogado madrileño (también imputado) al que había pedido ayuda porque tenía en su cabeza que «alguien le perseguía». El letrado, conociendo su perfil, le envía un supuesto «detective» de su confianza para que vele por él y descubra quién es esa persona que le sigue pero que en realidad sólo existía en su mente. Este presunto detective se convierte en principal imputado por estos hechos.

Se trata de un individuo oscuro, que en realidad es un estafador en prisión con anterioridad, y en palabras de la acusación particular, que se gana la confianza de su víctima , conoce detalles de su vida privada, de su paga por enfermedad, de sus tarjetas y de sus ahorros. Y sobre todo, de su vulnerabilidad.

Hasta entonces las sospechas eran sólo eso, sospechas, y el cadáver de Juan Carlos no aparecía. Durante prácticamente un año, no hubo ni rastro del desaparecido. Ni drones, ni georradar aportaban resultados . Pero la familia insistía en que su hermano no podía estar muy lejos. De hecho, estaba enterrado en el huerto de su propia casa , envuelto en plástico, lo que dificultó que fuera detectado por esos sistemas utilizados por la Benemérita.

Lo cuenta a ABC el abogado de la familia, el penalista Carlos Arias, quien asegura que el error que cometieron los presuntos asesinos fue que «creían que podrían estafar y aprovecharse de la pensión de este vecino de La Carlota porque estaba solo . Nada más lejos. Su familia sabía cada paso que daba. Estaba cuidado y vigilado, aunque tuviera su propia autonomía dentro de lo que la enfermedad mental le permitía», añade.

Finalmente, el 2 de agosto de 2018 bajo un montículo del huerto de la parte trasera de su casa de La Chica, muy escondido, los agentes encuentran el cuerpo de Juan Carlos. Los médicos forenses no pueden identificar el cadáver –aunque todo apuntaba a que se trata del propietario de la vivienda– bajo la mirada de uno de sus hermanos que asistió al levantamiento y envían muestras al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis. El secreto de sumario sellaba el caso.

Ahora quedaba buscar quién habría cometido este crimen atroz. En esos días de agosto, la autoridad judicial acordó el ingreso en prisión provisional para el presunto asesino, el supuesto «detective» que podría haber sido recomendado por el abogado madrileño a los que les unía una relación laboral abogado-cliente.

Fuentes cercanas a la investigación contaban que esta persona había sido detenida en la provincia de Ciudad Real y que ya se encontraba en prisión por otros hechos , pero en cualquier caso con antecedentes judiciales por estafa y falsedad documental.

Desde la desaparición de Juan Carlos, su presunto asesino había suplantado su identidad, cuenta el penalista Arias. El detenido conducía el coche del fallecido y llevaba encima la documentación de la víctima, con la que había obtenido una suma de 40.000 euros mediante extracciones bancarias. Cada mes cobraban su paga y habían conseguido un préstamo «online» .

Hasta llegar a ese punto, cuenta el abogado Arias, ha habido una investigación grandísima de la Guardia Civil, y una de las pruebas claves que se aportó, que fue un análisis sobre los ordenadores y los correos electrónicos entre el difunto y el abogado, ha acabado con la imputación del letrado madrileño J. R..

La declaración tuvo lugar esta pasada semana por videoconferencia desde Madrid y en su declaración el letrado madrileño se acogió a su derecho a contestar sólo a preguntas de su letrado, pero también accedió a aclarar cuestiones cruciales planteadas por el juez. Lo hizo con memoria «selectiva» , a tenor de las declaraciones, no recordando los mensajes de correo electrónico que había en su ordenador sobre este caso, pero dando fechas y horas concretas con detalles que podrían ayudar a su defensa. J.R. negó que pusiera en contacto al estafador y a la víctima , pese a los correos requisados por la Unidad de Policía Judicial que lo incriminan.

La investigación continúa abierta y el Juzgado de Posadas 1 tiene otras diligencias en proceso de menor calado. Entre ellas, podría estar el descifrado de los mensajes de whatsapp entre víctima y principal imputado durante el mes anterior a su desaparición.

La defensa del principal acusado, el letrado José Juan Gutiérrez Fabro , mantiene que el hallazgo de ADN en la escena del crimen , que se perfila como uno de las claves incriminatorias, además de la evidente suplantación de identidad, no es un elemento crucial ya que asegura que su cliente «nunca negó que hubiera estado en la casa de Juan Carlos».

Este penalista no quiso desvelar la línea de defensa, pero asegura que no pedirá ninguna diligencia porque quienes tienen que demostrar que su cliente es culpable son otros.

A esto se une que D.A., la ex pareja sentimental de P.G., el principal acusado, aún se mantiene investigado por estos hechos por acompañarlo en algunos de sus viajes de Ciudad Real a La Carlota, y aparecer llamadas desde su teléfono en el de la víctima.

D. A. declaró en otoño ante el juez con escasa trascendencia. A partir de aquí y de algunas diligencias más que se practiquen, el juez tendrá que dar por concluida la investigación y decidir a quienes procesar para ser juzgados por un tribunal popular .

En liza, de momento, los tres investigados P. G., el presunto detective que estafó, cometió el crimen y suplantó su identidad (en prisión provisional); J. R., el abogado madrileño que pudo poner en contacto a víctima y verdugo, y que sin su colaboración los investigadores creen que los hechos no se hubiesen producido; y D. A., la pareja del supuesto detective , por acompañarlo en algunos de sus viajes a La Carlota desde Ciudad Real.

Las partes personadas en el proceso creen que aún quedan meses por delante para verlos sentados en el banquillo, pero la instrucción va muy avanzada, por lo que podría cerrarse este año. Sin embargo, nuevas pruebas podrían aportar más ingredientes a este atroz crimen del más débil.